Escuelas Protegidas avanza con debate por gratuidad
La Cámara Baja aprobó legislar el proyecto del Gobierno para reforzar la seguridad escolar, en medio de tensiones por sanciones como la pérdida de gratuidad.
Proyecto incluye la revisión de mochilas / Foto: ARCHIVO
Con amplio respaldo, la Cámara de Diputadas y Diputados dio luz verde a la idea de legislar el proyecto Escuelas Protegidas, iniciativa impulsada por el Ejecutivo que busca endurecer medidas de seguridad en establecimientos educacionales.
La propuesta —que ahora entra a discusión en particular— ha abierto un intenso debate político y social, principalmente por las sanciones que contempla para estudiantes involucrados en hechos de violencia.
El proyecto incluye herramientas como la revisión de mochilas y la posibilidad de suspender beneficios estatales. Entre ellas, destaca la inhabilitación de la gratuidad por cinco años para quienes sean condenados por delitos contra personas o la propiedad.
Sin embargo, durante el debate el Gobierno mostró disposición a acotar esta medida. La ministra María Paz Arzola señaló que se evaluará restringir esta sanción sólo a delitos cometidos dentro o en las inmediaciones de recintos escolares.
Fracturas en el oficialismo
La discusión no sólo enfrentó a oficialismo y oposición, sino que también evidenció diferencias internas. Mientras algunos parlamentarios respaldan sanciones estrictas, otros advierten efectos contraproducentes.
La diputada Ximena Ossandón (RN) planteó que “no es lo mismo una persona que comete un delito siendo escolar en una etapa formativa, que alguien que ya se encuentra en la educación superior”.
En esa línea, advirtió que impedir el acceso a la gratuidad podría “cerrarles el principal camino de movilidad e integración”.
Otro de los puntos más cuestionados es la facultad de expulsar a estudiantes involucrados en hechos graves de convivencia, especialmente cuando estos derivan en la suspensión de clases.
El diputado César Valenzuela (PS) alertó que “la amplitud con la que está redactado (el proyecto) permite expulsar no sólo a quienes ejercen violencia, sino también a estudiantes que se movilizan pacífica y legítimamente”.
Seguridad vs. derechos
Desde el oficialismo, en tanto, hay quienes defienden una postura más dura. El diputado Sergio Bobadilla (UDI) afirmó que “no más gratuidad para los que destruyen la educación en nuestro país”, marcando una línea de tolerancia cero frente a hechos de violencia.
Con más de un centenar de indicaciones ya ingresadas, el proyecto entra ahora en su fase clave. El debate en particular definirá si el equilibrio entre seguridad escolar y derechos estudiantiles logra consenso político o profundiza la división en el Congreso.
