Corporación Santiago 2023 enfrenta millonarias demandas

La Corporación Santiago 2023 bajó la cortina el 26 de noviembre en medio de un escenario crítico: compromisos impagos con proveedores, más de 200 demandas laborales y un pasivo que, según expuso la propia entidad ante el Congreso, supera los 9 mil millones de pesos. A ello se suman pérdidas por litigios que rondan los 430 millones.

Ante esta situación, la Comisión de Deportes de la Cámara solicitó una auditoría a la Contraloría General de la República y pidió la intervención del Consejo de Defensa del Estado por un eventual perjuicio al Fisco. Los parlamentarios Érika Olivera y Andrés Celis aseguraron que la Corporación no entregó balances ni documentación clave, lo que impide conocer su real estado financiero.

“No hubo ninguna memoria, ningún balance, ningún informe y ningún documento entregado”, reclamó Olivera.

Funcionamiento extendido y exposición fallida

Aunque la Corporación debía cerrar en 2024, se amparó en sus estatutos para extender su existencia hasta noviembre de 2025. Un día antes del cierre, el ministro del Deporte Jaime Pizarro, el director del IND Israel Castro y un representante del organismo expusieron ante la comisión, presentación que no convenció a la oposición.

Para Olivera, las falencias vienen de tres gobiernos y no sólo de una administración: “No hubo autocrítica, no hubo respuestas y no sabemos quién se hará cargo de las deudas”.

La diputada pidió que Contraloría entregue una evaluación completa del estado financiero de la Corporación y solicitó que la contralora Dorothy Pérez asista a la comisión para detallar el avance de las investigaciones.

Corporación aún opera en función judicial

Pese al anuncio de cierre, el organismo no ha terminado completamente sus actividades. Según la informó, parte del equipo legal sigue activo para enfrentar las causas en curso. La entidad llegó a contratar más de 3.000 personas desde su creación y recibir 207 demandas directas por vínculo laboral encubierto, de las cuales 76 permanecen vigentes.

Las sentencias muestran que muchos trabajadores operaban bajo subordinación y dependencia pese a estar a honorarios: tenían horarios, correos institucionales, tarjetas de acceso y uniformes. Eso llevó a tribunales a declarar múltiples despidos injustificados.

Mayne-Nicholls marca distancia del conflicto

El ex director ejecutivo, Harold Mayne-Nicholls, citado a más de 150 juicios y sin asistir a ninguno, defendió su rol en declaraciones a Contrapoder.

“Yo llevo nueve meses fuera de la Corporación y, por tanto, no tengo ninguna injerencia en estas ni en otras materias”, afirmó. Agregó que las defensas actuales quedan en manos del directorio vigente.

En paralelo, nuevas acciones judiciales apuntan a modificar los estatutos para extender el plazo de existencia de la Corporación hasta 2026. La finalidad es garantizar el pago de deudas y permitir la continuidad de los procesos legales.

Actas tachadas y documentos ocultos

El abogado Matías Berríos Fuchslocher conversó con El Ágora y señala en la demanda que investigaciones recientes revelaron que las actas de directorio entregadas en tribunales aparecen con más de 70% de su contenido cubierto, dificultando conocer las decisiones internas. Pese a ello, el abogado logró obtener un acta completa gracias al número de certificación no borrado en uno de los documentos.

“La Corporación de los Juegos Panamericanos entrega en los juicios las actas de sesiones de directorio tachadas… Para nosotros es imposible saber cómo se tomaron las decisiones”.

“Si influyó o no influyó el presidente de la Corporación de los Juegos Panamericanos, Harold Mayne-Nicholls, ¿qué fue lo que dijo el Comité Olímpico de Chile a través de su presidente? ¿Qué fue lo que dijo el Instituto Nacional de Deportes?¿Por qué se contrataron personas a honorarios y algunas personas con contratos de trabajo?¿Por qué se generaron más de 250 demandas?”.

Agregó que: “¿Por qué hoy existen más de 85 juicios activos?”.

“Las sentencias, hoy, si se mantienen las decisiones de los tribunales de instancia, implican hablar de más de mil millones de pesos en pagos de indemnizaciones» finalizó el jurista.