Comunidades buscan compensación por robo de cobre
Vecinos de Limarí y otras comunas, con apoyo del senador Daniel Núñez y la consejera Tatiana Cortés, impulsan una demanda civil contra las bandas que acumularon fortunas a costa de cortes eléctricos y perjuicios a miles de familias.
Los perjudicados por el robo de cobre en el norte presentarán acciones judiciales / Foto: ARCHIVO
El robo de cables de cobre sigue golpeando a las comunidades rurales del norte chico, pese al golpe policial de la operación Oro Rojo, que desmanteló una red internacional dedicada a este delito.
Hoy, las víctimas organizadas están decididas a llevar a tribunales a quienes se enriquecieron a costa de la inseguridad y el daño comunitario.
Patrimonio millonario en la mira
Uno de los principales apuntados es Francisco San Martín, empresario minero, ex dirigente político y ex candidato a alcalde por el Partido Republicano.
Según la investigación del Ministerio Público, antes de su captura traspasó 14 propiedades a una sociedad recién creada, maniobra que buscaba eludir embargos. Ahora, vecinos y autoridades exigen que esa fortuna financie la reparación a los afectados.
Voces desde las comunidades
La presidenta de la Comunidad Agrícola de Cerro Blanco, Cecilia Núñez, relató que han debido enfrentar días completos sin energía, afectando riegos, comunicaciones y necesidades básicas.
Similar testimonio entregaron crianceros y pobladores de Ovalle, quienes destacaron la vulnerabilidad de adultos mayores y estudiantes durante los cortes.
Acción legal colectiva
El abogado Luis Acevedo lidera la recopilación de antecedentes en Ovalle, Limarí y La Higuera para consolidar una demanda civil contra San Martín y otros responsables.
El senador Núñez recalcó que “quienes levantaron un imperio económico con delitos deben pagar a las comunidades”, mientras que la core Tatiana Cortés subrayó la gravedad de que personas con poder político se hayan beneficiado de actividades ilícitas.
Con esta ofensiva legal, los afectados buscan no sólo justicia económica, sino también frenar la expansión de estas bandas que, pese a los golpes judiciales, siguen operando en la región.
