Columna de Ignacio Figueroa: Autoritarismo democrático

La participación de los ciudadanos en los destinos nacionales ha sido por siempre la propuesta de la democracia liberal. El voto universal prometió que todas las personas estarían involucradas en las grandes decisiones. La realidad de los últimos tiempos es la contraria.

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Por Ignacio Figueroa
Actualizado el 15 de agosto de 2025 - 6:00 pm

La crisis de la democracia la aprovechan los mismos que la han causado / Ilustración: CLARIN.COM

En occidente, los partidos políticos incluidos los del socialismo democrático, alcanzaron un consenso en que el neoliberalismo era la mejor herramienta para continuar con la acumulación del capital. Su respuesta social, sería el chorreo que llevaría los bienes a las personas en una simbiosis entre las elites y el pueblo. De esta forma, ya no existirían trabas para los negocios incluso en la salud, la educación, la previsión, la vivienda o la defensa y la seguridad de la nación.

Los individuos entonces deberían sentir que el incremento del patrimonio de los más acaudalados llegaría a beneficiarle directamente a través del aumento de los puestos de trabajo o el incremento de su remuneración.

Los primeros años de la aplicación de la economía neoliberal mostró un incremento de la riqueza, incluso una disminución de la pobreza; sin embargo, el precio fue alto: por un lado, la destrucción del tejido social con personas atomizadas donde el individualismo se torna el leitmotiv de la existencia; por otro, la depredación total del medio ambiente, destruyendo los recursos naturales para las generaciones futuras.

La destrucción del ethos social por parte del neoliberalismo socavó el sentido de destino común entre los hombres como pueblo, convirtiéndose en un cada uno por si y Dios contra todos.

Del fuego a las brasas

La crisis de la democracia liberal en prácticamente todos los países occidentales es aprovechada por los propios grupos y la elite que propiciaron la debacle, proponiendo una nueva forma de organización: ofrecen un nacionalismo elitista en vez de construcción popular de destino.

Los socialismos del siglo XXI se basaban en visiones de una democratización extensa de la sociedad, una participación de los ciudadanos en decidir sobre las grandes propuestas nacionales. Estas consideraciones no tienen cabida en la actualidad, lo que se ofrece es un autoritarismo democrático, dejar en manos de ciertos personajes las grandes decisiones, que, por lo general, solamente sirven para seguir enriqueciendo a la elite.

Este escenario prefigura un aumento de la desigualdad y la exclusión en una eugenesia de nuevo cuño que elimina a los indeseables.

El ejemplo europeo

El caso de Ursula von der Leyen en Europa es un ejemplo interesante. Una burócrata, un cargo sin elección popular y designado a dedo que decidió el destino de 450 millones de habitantes de la Comunidad Económica Europea en su negociación con Trump. En los hechos, en el sistema liberal democrático se vota por un representante que decide por el elector en la mayoría de las cuestiones políticas, pero aquí el representante designa a alguien que decida por el elector.

La destrucción del tejido social con la eliminación de la organización comunitaria trae consigo una serie de males tales como la inmigración y el aumento de la delincuencia. La respuesta del Estado neoliberal es más neoliberalismo y la construcción de una sociedad policial. A su vez, los desplazados crean sus propias fuerzas llegando a organizarse como grupos criminales o quedando como individuos atomizados.

El culpable ofrece la solución

La profecía autocumplida crea una espiral, la elite generó las condiciones para el surgimiento del crimen organizado, pero con la paradoja añadida de que son los responsables de la crisis los que se erigen como los salvadores.

La izquierda democrática, carente de sentido, abrazó los postulados del wokismo como forma de sobrevivencia; una forma de organización política que no pone en cuestión el sistema, sino que, aumenta el individualismo como forma álgida de comportamiento social.

La ultraderecha cuestiona al liberalismo democrático proponiendo su superación política por el autoritarismo, el gobierno duro de una elite de iluminados que han sido bendecidos y determinados -muchas veces en sentido religioso-, con la abundancia, signo inequívoco de la predilección de Dios.

Ya sean las democracias liberales corrompidas o la ultraderecha mesiánica utilizan el poder de las nuevas tecnologías y los medios de comunicación hegemónicos para controlar a los ciudadanos.

El planeta en que vivimos

Vivimos en un mundo convulso donde los individuos no tienen voz. Podemos ver la eficacia del control social por las nuevas tecnologías al recordar que, a pesar del poder de los medios, en épocas anteriores las grandes injusticias creadas por el poder tenían una respuesta ciudadana que se manifestaba en acciones de masa de protesta en todo el mundo, como contra la guerra de Vietnam que hizo tambalear al propio gobierno de los Estados Unidos, o contra la invasión de Irak en 2003.

El genocidio en Gaza o lo estragos del cambio climático, prácticamente no produce reacción entre los pueblos. Las informaciones sobre Gaza se convierten en un ruido de fondo que se confunde con las diarias noticias sobre asesinatos o secuestros. Los ciudadanos claudican ante el poder en una actitud de mansedumbre sin formar asociaciones políticas o sociales trascendentes.

Hace unos pocos años, el gran tema de la humanidad era el cambio climático y el medio ambiente. En nuestro país – donde los estragos son por todos visibles-, el medio ambiente es el tema de menor importancia para las personas, según las encuestas.

Mientras, la ultraderecha, con clara conciencia de la decadencia de la democracia liberal, gobierna por decretos, ya sea en la Argentina de Milei o en el Estados Unidos de Trump. Lo propio plantea desde ya José Antonio Kast, quien nos anunció como será su método democrático de gestión: «El Congreso es importante, pero no es tan relevante como ustedes imaginan. Nosotros estamos haciendo la revisión de todas las potestades administrativas que tiene el Estado, de todas las leyes que tienen sanciones incluidas las que nadie aplica».