Supremos se realizan test de drogas de forma voluntaria
Los ministros y ministras de la Corte Suprema decidieron someterse voluntariamente a un control preventivo de drogas mediante examen capilar, buscando reforzar la confianza pública en su probidad y transparencia.
Los exámenes son de carácter reservado y se actuará conforme a sus resultados / Foto (referencial): ARCHIVO
Todos los ministros y ministras de la Corte Suprema, incluido su presidente Ricardo Blanco Herrera, participaron voluntariamente este lunes en un procedimiento de control de consumo de drogas. La muestra fue tomada a través de exámenes capilares, capaces de detectar rastros de sustancias ilícitas consumidas hasta 90 días antes de la toma.
La decisión, inédita en su ejecución conjunta y voluntaria, busca entregar una señal clara de compromiso con la integridad institucional y la independencia del Poder Judicial frente a posibles cuestionamientos externos.
Un paso más allá de lo exigido por la norma
Según el acta 203-2018, cada año se aplica un control aleatorio a funcionarios judiciales, incluyendo ministros de cortes, mediante un procedimiento reservado. Sin embargo, esta vez fue el propio Pleno de la Corte Suprema el que resolvió -por decisión interna- que todos sus miembros participaran activamente y sin sorteo previo en el examen, enviando así un mensaje de confianza institucional.
“Optamos por actuar como un cuerpo colegiado, sin excepciones, dando una señal clara de que no estamos sometidos a ningún tipo de presión o dependencia. Se trata de fortalecer la legitimidad de nuestras funciones ante la ciudadanía”, afirmó la ministra vocera María Soledad Melo.
Examen reservado y protocolos ante resultados positivos
Los análisis fueron realizados por una empresa especializada, contratada mediante licitación pública. Los resultados, en cumplimiento de los protocolos vigentes, serán entregados de manera confidencial a la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
En el caso de resultados positivos, se activa un procedimiento que incluye la validación mediante contramuestra, y si se confirma la presencia de sustancias, el funcionario será sometido a una evaluación clínica. Ésta determinará si existe una dependencia, ya sea por uso recreacional o médico. Si es por tratamiento médico, el funcionario podrá continuar en sus funciones, previa declaración jurada. En casos de adicción, se informará al superior jerárquico y se aplicarán medidas como la suspensión de funciones y derivación a un plan de rehabilitación.
Control anual en todo el sistema judicial
A nivel nacional, entre 550 y 600 funcionarios del Poder Judicial son sometidos cada año a estos controles, que se realizan de forma aleatoria, imprevista y bajo estricta reserva. La medida se enmarca en una política de prevención continua y en el fortalecimiento de estándares éticos dentro de todas las escalas del sistema.
