Prodemu: indemnizan a ex directora acusada de acoso laboral
América Burboa fue desvinculada de Prodemu tras denuncias de acoso laboral, pero recibió una millonaria compensación, en medio de un contexto de recortes presupuestarios en la fundación.
Un nuevo cuestionamiento golpea a la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu), luego de conocerse que América Burboa, ex directora regional de Ñuble, recibió una indemnización de $32.749.938 tras su salida en diciembre de 2024, pese a estar envuelta en denuncias por acoso laboral y vulneración de derechos fundamentales.
La cifra, revelada por el portal de Transparencia Activa, contrasta con el sueldo mensual que percibía la ex directora, el cual bordeaba los $2.500.000. El pago ha generado indignación en medio del escenario de ajuste fiscal que atraviesa el país, y que ha afectado directamente a los programas de capacitación de la fundación.
Graves denuncias sin investigación formal
De acuerdo con fuentes internas, las acusaciones contra Burboa incluían presiones laborales y vulneración de la intimidad de una funcionaria.
Sin embargo, los protocolos internos no fueron activados. Según relataron desde la fundación, el temor a represalias y la cercanía de Burboa con la entonces directora nacional Cristina Martin impidieron que las denuncias siguieran el curso institucional.
“El equipo optó por acudir directamente a la ministra Antonia Orellana, quien determinó su salida antes de que el conflicto escalara”, comentaron desde Prodemu.
Pese a ello, la ex autoridad recibió una suma que supera con creces cualquier indemnización habitual en la administración pública.
Crisis interna y otra salida millonaria
La situación de Burboa no es la única que causa polémica. En enero de 2025, también fue desvinculada la directora nacional de la fundación, Cristina Martin, quien recibió una indemnización de $5.364.963, tras perder la confianza de la ministra de la Mujer.
Desde la institución advierten que la crisis financiera que atraviesan ha obligado a suspender talleres y programas clave para mujeres en situación de vulnerabilidad.
“No se han ajustado los presupuestos al alza del costo de vida. Mientras tanto, se pagan sumas millonarias por salidas de confianza política”, señalaron fuentes vinculadas a la fundación.
El caso instala un debate sobre la fiscalización, el uso de fondos públicos y la coherencia en las prioridades del Estado, especialmente cuando se trata de entidades orientadas al bienestar social y la equidad de género.
