Polémica por dato omitido en reporte de homicidios
Informe oficial excluyó muertes vinculadas a agentes del Estado, en medio de alza sostenida tras cambios legales.
El informe final omitió las muertes a manos de las policías / Foto: ARCHIVO
Una controversia se instaló en torno al Informe Nacional de Homicidios 2025 luego de que se confirmara la eliminación de un dato sensible: las muertes provocadas por agentes del Estado. La cifra, que inicialmente formaba parte del documento, fue retirada antes de su publicación oficial, generando cuestionamientos sobre transparencia y acceso a la información.
El informe —elaborado por diversas instituciones del sistema de seguridad— sí incluía en su versión preliminar un desglose dentro de la categoría “delincuente fallecido en contexto de su propio delito”. Sin embargo, ese detalle fue suprimido en la edición final tras una solicitud del Ministerio Público.
Cambio metodológico bajo la lupa
Desde la Fiscalía justificaron la decisión señalando que el informe “no entrega información —ni en la publicación de 2025 ni en las anteriores versiones— sobre los perpetradores de los delitos de homicidios consumados, quiénes los cometen, sus profesiones o la calidad funcionaria del victimario”.
El ajuste, sin embargo, no logró despejar las dudas. La omisión ocurre en un contexto donde esta categoría ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años, abriendo un debate sobre los criterios de medición y la visibilidad de ciertos fenómenos.
Datos conocidos de manera paralela evidencian un cambio de tendencia. Entre 2018 y 2022, los casos fluctuaban entre 23 y 35 anuales. No obstante, en 2023 se registró un salto a 49, mientras que en 2024 la cifra llegó a 72.
Especialistas vinculan este incremento con modificaciones normativas recientes. En particular, el académico Mauricio Duce planteó que el fenómeno “podría ser una consecuencia de cambios legislativos que experimentamos el año 2023, particularmente de la ley Naín Retamal”.
En esa línea, explicó que el nuevo marco legal “se empleó en la esfera de protección de la legítima defensa, y por tanto los funcionarios se han sentido más seguros en términos del uso de armas letales”.
Debate por control y transparencia
El trasfondo del caso trasciende lo estadístico. Expertos coinciden en que la exclusión de este tipo de datos dificulta comprender el fenómeno en su totalidad. Para Duce, es clave visibilizar estas cifras “por razones de transparencia, por una parte, pero también por razones de conveniencia para el propio sistema”.
Desde el ámbito académico, Alejandra Mohor reforzó esa mirada, advirtiendo que “no se trata sólo de la conveniencia o no, de la importancia o no”, sino de un estándar democrático básico para supervisar el uso de la fuerza estatal.
Un caso que reabre la discusión
El debate toma mayor relevancia al considerar episodios recientes que han generado impacto público, reactivando la discusión sobre el uso de la fuerza y sus consecuencias.
Más allá de la controversia puntual, el foco se instala en la necesidad de contar con información completa, accesible y verificable. Para analistas, la transparencia en estas cifras no sólo permite dimensionar el fenómeno, sino también fortalecer la confianza en las instituciones y el control democrático sobre su actuar.
