Informe: presunto error humano permitió fuga del asesino del “Rey de Meiggs”
La Corte Suprema recibió un informe que detalla cómo una presunta equivocación administrativa provocó la excarcelación del imputado venezolano Alberto Mejía.
Una investigación deberá definir si hubo o no dolo en el actuar del funcionario que dejó libre a Mejía / Foto: ARCHIVO
Un informe clave elaborado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) fue entregado a la Corte Suprema, revelando el motivo detrás de la inesperada liberación de Alberto Carlos Mejía, imputado por el asesinato de José Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”.
Según el documento, la excarcelación del ciudadano venezolano no se debió a una falla del sistema informático, sino a la intervención de un funcionario judicial, quien envió, presuntamente por error, un segundo oficio anulando la prisión preventiva. En vez de tratarse como una corrección interna, el documento fue remitido a Gendarmería, lo que permitió la salida del imputado desde Santiago 1.
El verdadero nombre fue ignorado por horas
La situación se complicó porque en un principio el imputado fue identificado como Osmar Ferrer, nombre falso que confundió el procedimiento. A pesar de que el documento correcto con el nombre de Mejía fue recibido en formato físico y digital por Gendarmería el mismo día de la audiencia, esto ocurrió horas antes de su liberación, lo que no impidió que saliera del penal.
La Fiscalía indaga ahora si hubo dolo en la actuación del funcionario que cometió el error, lo que podría derivar en consecuencias penales. La investigación busca establecer si la acción fue negligente o intencional.
Poder Judicial responde a cuestionamientos
Tras la polémica liberación, la presidenta (s) de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, aseguró que el Poder Judicial no ha tenido una actitud obstruccionista frente a las investigaciones y cuestionamientos parlamentarios. La ministra afirmó que “hay procesos en curso que deben esclarecer los hechos”.
Este episodio ha reabierto el debate sobre las responsabilidades en el sistema judicial, especialmente en casos de alto impacto como éste, y cómo errores administrativos pueden desencadenar consecuencias graves para la seguridad pública.
