Funcionarios deberán judicializar casos por confianza laboral
Fallos de la Corte Suprema obligan a que los reclamos por “confianza legítima” se resuelvan únicamente en tribunales, sin intervención de Contraloría.
La Corte Suprema dictaminó que los casos de "confianza legítima" deben resolverse en los tribunales / Foto: ARCHIVO
La Tercera Sala de la Corte Suprema dejó firme un fallo de la Corte de Apelaciones de Talca que respalda un dictamen emitido por la actual contralora, Dorothy Pérez.
El pronunciamiento ordena que la Contraloría General de la República no intervenga más en casos asociados a la llamada “confianza legítima” de los funcionarios públicos, trasladando la discusión al ámbito exclusivo del Poder Judicial.
Corte Suprema cierra la puerta a pronunciamientos
El dictamen N° E561358, emitido en noviembre de 2023, desató una fuerte polémica, sobre todo entre asociaciones gremiales. El motivo: invalida uno de los criterios más defendidos durante la gestión del ex contralor Jorge Bermúdez, quien sostuvo que un trabajador del Estado con más de dos años de contrata renovada genera la expectativa legítima de que su vínculo continuará.
Con este cambio, cualquier conflicto vinculado a renovaciones de contrata, continuidad laboral o modificación de condiciones deberá ser resuelto por la justicia ordinaria.
La nueva interpretación -respaldada ahora por la Corte Suprema- fija el estándar en cuatro años consecutivos de renovación para que se configure la confianza legítima, reemplazando así el criterio administrativo anterior.
Qué implica la nueva norma judicial
Uno de los recursos que motivó la sentencia fue presentado por Ignacio Tarud Miquel, funcionario del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, quien acusó que la rebaja de grado en su renovación para 2024 fue arbitraria y contraria a su historial contractual desde 2021.
Argumentó que la decisión vulneraba su igualdad ante la ley y su derecho de propiedad, afectándolo económicamente y desconociendo la expectativa generada.
Actualmente, al menos nueve recursos de protección similares esperan resolución en distintas cortes del país, todos apuntando al dictamen que marca un antes y un después en la jurisprudencia laboral del sector público.
