Exigen multimillonarias multas por colusión en centollas

La Fiscalía Nacional Económica denunció a siete compañías y a ocho ejecutivos de Magallanes por coordinar precios de compra del crustáceo entre 2012 y 2021, lo que perjudicó a pescadores artesanales.

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Por Cristián Carrión
Actualizado el 22 de septiembre de 2025 - 9:36 pm

La centolla patagónica, un manjar destinado sólo a algunos privilegiados. Foto: SUBPESCA

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento contra siete empresas procesadoras de centolla en la región de Magallanes.

El escrito ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia involucra, además, a ocho de sus ejecutivos. Se les acusa de mantener un cártel durante casi una década para manipular los precios de compra del crustáceo a los pescadores.

Según la FNE, el esquema redujo artificialmente los ingresos de quienes abastecen el mercado local e internacional.

¡54 millones de dólares!

El cártel operó entre 2012 y 2021 mediante reuniones presenciales en muelles y ferias, además de intercambios telefónicos, correos y mensajes de WhatsApp. El mecanismo consistía en pactar un valor inicial más bajo al inicio de cada temporada (julio a noviembre) y bloquear posteriores alzas de precio.

Las firmas acusadas son Elaboradora de Alimentos Porvenir, International Seafood, Pesquera Cabo Froward, Productos Marinos Puerto Williams, Proyecta Corp, Sociedad Pesquera Bahía Chilota y Bakkavör. Estas concentraron hasta 88% de la compra de centolla viva, la que luego procesaban para exportar principalmente a China, EEUU y México.

La FNE solicita multas de 62.406 UTAs (equivalentes a 54 millones de dólares), además de multas que superan los 400 mil dólares contra cada involucrado.

Pruebas contundentes

El fiscal nacional económico, Jorge Grunberg, enfatizó que “hoy se exporta casi la totalidad de la centolla. Pero resulta indiscutible el daño que este comportamiento provocó en el mercado chileno, particularmente a los pescadores artesanales que viven de la extracción”.

La investigación se inició en 2020, tras una denuncia, y se fortaleció con la delación compensada de Bakkavör y tres de sus directivos. Ellos admitieron el funcionamiento del cártel.

Las pruebas reunidas incluyen interceptaciones telefónicas, allanamientos e incautación de documentos. Según anticipó la FNE, las pruebas son contundentes.