“El fútbol chileno se encamina a un desastre”

Raúl Labán, ex presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, doctor en Economía del Instituto Tecnológico de Massachussets, realizó un estudio del momento crítico que vive el fútbol chileno y de las catastróficas proyecciones si todo sigue como hasta ahora. Para él, las autoridades deben intervenir de una vez por todas para evitar que el daño, que hoy ya es gravísimo, se convierta en irreversible.

El fútbol chileno se encamina a un desastre financiero de una dimensión nunca antes vista de continuar con un sistema en que los dirigentes hacen lo que quieren sin control de nadie. Y dentro de ese sombrío panorama, el que atañe a Colo Colo es sencillamente devastador: cuando termine el contrato de concesión mediante el cual Blanco y Negro “arrendó” el club por 30 años, su deuda tributaria alcanzará fácil los 150 millones de dólares, es decir, más de 100 mil millones de pesos de la moneda nacional.

La conclusión es de Raúl Labán, ex presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo y Doctor en Economía del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT).

Labán, quien fuera presidente del club popular entre los años 2013 y 2014, cree que la única forma de evitar este desastre programado –y que él cree puede ser irreversible-, es que la afición tome conciencia de lo delicado de la situación y que las autoridades competentes cumplan de una buena vez el papel que les corresponde en orden a normar y, sobre todo, fiscalizar una actividad que desde que se implantó en el país el sistema de Sociedades Anónimas Deportivas ha hecho tabla rasa de la transparencia y de la honestidad, pasando por encima de preceptos, normas y leyes que, como todos, debían acatar y respetar.

Parte por señalar Labán en su estudio que “la implantación del sistema de Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol chileno le ha costado al país una cantidad superior a los US$ 110 millones en diez años”.

El ex personero albo, hace un diagnóstico escalofriante del futuro de la actividad si las autoridades competentes, esto es, el Ministerio de Justicia, el de Deportes, la Contraloría, el Servicio de Impuestos Internos, la Superintendencia de Valores y Seguros, el Consejo de Defensa del Estado y la Comisión de Deportes de la cámara de diputados, entre otros, sigan en su rol indolente y pasivo que los ha distinguido durante estos diez años.

Señala Labán que, “hoy, estas Sociedades Anónimas, casi sólo dedicadas al fútbol profesional, que es lo único que les deja plata, han acumulado importantes pérdidas y están casi todas técnicamente quebradas, a pesar de haber recibido aportes millonarios del Estado y del Canal del Fútbol. No tienen –además- planteles de proyección internacional ni series cadetes, están viciadas y deben ser liquidadas. Mucho peor: están sobreendeudadas con impuestos que nunca podrán pagar y tampoco piensan pagar, por lo que, de devolverles a la gente sus clubes, estos estarán desmantelados, saqueados y destruidos”.

Labán recuerda que “para implantar este nefasto sistema les inventaron tanto a Colo Colo y a Universidad de Chile una deuda tributaria inexistente. Para ello, el Servicio de Impuestos Internos (SII) desconoció el Decreto Ley N° 1 de 1970, que señalaba que los jugadores tributaban por sus sueldos, pero no por las primas y premios que percibieran, considerando lo breve de sus carreras. Aquellos clubes que se convirtieran en SAD podrían pagar la deuda en cómodas cuotas mensuales; los que no, debían pagar al contado. Pues bien, Blanco y Negro, que se suponía iba a ir amortizando esa deuda con el 3% de los ingresos o el 8% de las ganancias, en absoluto lo ha hecho, con el simple expediente de declarar pérdidas año tras año”.

Cabe señalar que Arturo Salah, presidente de la concesionaria Blanco y Negro, declaraba poco antes de dejar su cargo, en abril de 2015, que “desde el año 2005 hasta ahora hemos pagado 2.500 millones de pesos a la tesorería”. Sin embargo, la deuda vigente, de 3.600 millones de pesos, subía por esos mismos días a 9.697 millones con reajustes, multas e intereses. Se calcula que hoy asciende a más de 11 mil millones de pesos.

«Blanco y Negro -afirma Labán- en apenas una década le ha causado a Colo Colo un daño inconmensurable. Ha permitido que la deuda tributaria -cuyo deudor principal es el Club Social y Deportivo, siendo ellos deudores subsidiarios-, siga creciendo en forma galopante. Calculo que superará, con creces, los US$150 millones (unos $102.000 millones) al término de estos 30 años de “arrendamiento”. Pero no es todo: no nos habrá pagado arriendo por el uso de nuestro estadio por unos $15.000 millones; no podrá reintegrarle al Club -como exige el contrato de concesión- un plantel de “igual” valor al que le expropiaron a Colo Colo al inicio de este draconiano contrato y por la venta del cual percibieron y repartieron como dividendo unos US$35 millones (unos $23.000 millones) sin pago alguno al Club Social y Deportivo Colo-Colo por sus derechos de formación; ha cerrado casi todas sus ramas deportivas; ha destruido sus divisiones menores y ha cometido fraude tributario con la Ley de Donaciones y por no pago de IVA por la venta de entradas por unos $2.500 millones”.

El ex timonel albo, gestor de la campaña de recuperación de socios albos descontentos con la concesionaria, y que llegó a tener 40 mil adherentes con las cuotas al día, agrega: “Eso quiere decir que, en veinte años, cuando termine el leonino contrato de Blanco y Negro y su arrendamiento de Colo Colo, la deuda impositiva va a ser tan gigantesca, como impagable”.

Agrega:

“A diez años de la implantación por la fuerza de este sistema nos encontramos con que estos empresarios iluminados han traído la corrupción, la coima, el saqueo, la impunidad y la destrucción no sólo al fútbol sino que, en forma indirecta, a todo el deporte nacional. Este turbio proceso ya les ha costado a los chilenos más de $ 75 mil millones de pesos (unos US$ 110 millones), en condonaciones ilegales de impuestos, fraudes tributarios por Ley de Donaciones Deportivas, costo del fracasado Plan Estadio Seguro y por el desarrollo -con fondos de todos los chilenos- de estadios al que estos señores han accedido con privilegios que ningún otro ciudadano y deportista ha tenido en el pasado”.

Raúl Labán teme, y para ello se basa en lo poco que ha cambiado la conducción del fútbol nacional tras la huida de Jadue y la llegada al timón de la ANFP de Arturo Salah, que los actuales dueños del fútbol pretenden, una vez más, engañar a los hinchas y a la opinión pública con consignas falaces, como aquella de “devolver los clubes a su gente a través de un cambio de la ley de SADP que pretenden impulsar. Pretenden hacernos creer que el objetivo es limpiar a la ANFP y transformarla en una nueva Sociedad Anónima trasparente, profesional y fiscalizada por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), en circunstancias que ni esa Superintendencia ni el Ministerio de Justicia jamás han fiscalizado nada”.

El ex personero albo piensa que “con esto, buscarán deslindar responsabilidades, endosar a los clubes destruidos lo que queda de deporte y la responsabilidad de pagar sueldos, leyes sociales y la deuda fiscal. El único objetivo que hoy los mueve es repartirse el último gran botín y sostén económico que queda para esta actividad -a menos que el Gobierno considere seguir financiándoles la fiesta-, con la venta del Canal del Fútbol, apropiándose indebidamente de los ingresos futuros que genera este canal gracias a los propios pagos que hacen los hinchas de los clubes y los derechos de imagen que fueron usurpados, maliciosamente, por síndicos de quiebra e interventores designados por esta colusión de políticos, empresarios y periodistas serviles”.

Labán recuerda que “en el año 2005, un conjunto de políticos, varios de ellos actuales autoridades de gobierno y parlamentarios, apoyaron la ley de Sociedades Anónimas Deportivas y la expropiación y traspaso a empresarios inescrupulosos de los clubes deportivos sin fines de lucro, terminando con ello el importante rol social que éstos jugaban en el fomento y práctica del deporte recreacional, formativo y competitivo a través de sus escuelas y ramas deportivas, sus divisiones menores o cadetes y sus equipos mayores”.

Añade:

“Muchos de ellos, como de hecho es el caso de un ex Presidente de la República, han afirmado que se equivocaron, que lamentan mucho lo ocurrido y que actuaron engañados o sin toda la información, con un diagnóstico sesgado o sin un real dimensionamiento del impacto negativo que esta decisión tendría sobre el fútbol nacional”.

Recuerda Labán, además, que “este proceso ´modernizador’ tuvo a la cabeza a Arturo Salah, actual presidente de la ANFP (cargo para el cual no cumple las exigencias, como bien sabe el Ministerio de Justicia), quien respondió a los intereses torcidos de un grupo de empresarios, los que supuestamente traerían nuevos recursos financieros, capacidad de gestión, transparencia y grandeza a la actividad, todos ellos coludidos con un grupo transversal de políticos y periodistas deportivos”.

Piensa también Labán que “el Sindicato de Futbolistas Profesionales también jugó un rol fundamental en permitir que pasara esto, pensando, equivocadamente, que gracias a los aportes de recursos financieros frescos, buena gestión y transparencia de sus dueños, tendrían asegurado el pago al día del sueldo y leyes sociales de sus asociados. Esto no solamente hoy no está asegurado, sino que ha empobrecido el medio en el cual se desarrollan sus asociados, ha debilitado a las instituciones empleadoras, las han alejado de la gente y cuelgan de los ingresos del CDF, que es el último pilar que sostiene artificialmente esta actividad reducida, empobrecida y fracasada”.

El ex timonel albo lamenta que los informes en derecho que se realizaron durante su mandato, en 2014, y las medidas judiciales que Colo Colo decidió tomar, sigan durmiendo el “sueño de los justos”, ante la absoluta pasividad del actual directorio del Club Deportivo y Social y la inacción absoluta de los Tribunales de Justicia.

Explica:

“En el caso de Colo-Colo, después de los informes en derecho que realizamos el 2014, no queda duda alguna de que es el Club Social y Deportivo Colo Colo el único dueño de su todo su patrimonio económico e histórico y de todos sus bienes tangibles e intangibles, siendo Blanco y Negro un mero arrendatario transitorio sólo de su deporte profesional. Coherente con ello, revocamos el mandato de administración de nuestro Estadio Monumental, la denunciamos por apropiación indebida de fondos y la demandamos en los tribunales de justicia para recuperar, en particular, nuestras divisiones menores, escuelas de fútbol y estadio”.

Lo anterior, gracias a que a los “salvadores” de Colo Colo les entregaron “gratis” los derechos de explotación.

Agrega Labán que “ellos asumieron sólo, transitoriamente, la deuda tributaria inicial que se le había inventado a Colo Colo y la que debían pagar con una pequeña proporción de sus ingresos o utilidades futuras. En otras palabras, estos empresarios fueron financiados por todos los chilenos. Sin embargo, utilizando figuras para triangular por fuera de la sociedad los ingresos y utilidades, defraudaron no sólo al Estado de Chile y a los deportistas y socios del club, sino que también -como bien lo saben la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y el Servicio de Impuestos Internos (SII)- a sus accionistas minoritarios, los que fueron engañados con el argumento de que con sus aportes ayudarían a estos empresarios a salvar a Colo Colo y evitar perder su estadio Monumental”.

Sobre la proyectada venta del Canal del Fútbol, el ex presidente albo señala que “si Blanco y Negro llega a apropiarse indebidamente de los ingresos futuros asociados a la cesión de los derechos de imagen del club –que son de propiedad exclusiva del Club Social y Deportivo Colo Colo-, los que calculamos valen a lo menos unos US$200 millones (unos $136.000 millones), ya no habrá posibilidad alguna de recuperar al Club Social y Deportivo más importante del país. De igual forma, ya no habrá manera de rescatar a los otros clubes, al fútbol y al deporte nacional. Y mucho menos habrá garantía de poder cancelar las deudas tributarias ni los pasivos financieros usureros (algunos con cuatro factoring ligados a los propios ‘dueños’ de los clubes), reintegrar los fondos públicos defraudados y mantener al día los pagos de sueldos, leyes sociales e impuestos de los jugadores y de los otros profesionales y funcionarios que trabajan ligados a esta actividad”.

Reflexiona en su estudio Raúl Labán:

“Me pregunto, ¿qué pasará con lo que queda de esta actividad deportiva una vez que estos privados, que han lucrado con la fe pública, han destruido el deporte en Chile y han defraudado a todo el país, hayan zafado de sus responsabilidades penales, civiles y económicas y hayan hecho el retiro de los ingresos futuros de los derechos de imagen con la venta del CDF? Porque ahora pretenden transformar la ANFP en una nueva organización ya no fiscalizada por el Ministerio de Justicia, lo que significa un real ‘perdonazo’ o ‘borrón y cuenta nueva’ para los que más daño han hecho. Para ello buscan transformar la actual Ley del Deporte por otra igual de mala, pero que con una adecuada interpretación y real esfuerzo por parte de los entes que se suponen deben regular, supervisar y resguardar la fe pública, sería suficiente para exigir la disolución de estas Sociedades Anónimas Deportivas que malamente administran los clubes. Con toda la información disponible, existe igualmente la oportunidad de hacer pagar a los responsables por todos los abusos y daños causados y de resguardar esta fuente futura de ingresos que será fundamental para refundar nuestro deporte y el fútbol, en particular”.

Concluye Labán, sugiriendo cinco medidas que evitarían lo que él califica como la precipitación de hechos que podrían transformar la actual crisis en irreversible:

La primera, es que “de realizarse finalmente la venta del CDF, los recursos de esta venta deben quedar retenidos a favor de los verdaderos dueños de los clubes, de acuerdo a lo que a cada uno le corresponda, y del SII, que ha sido víctimas por igual de este actuar reñido con la ética. Porque una vez retirados esos fondos por aquellos que no son dueños de los clubes, sino simples concesionarios, ya no habrá recursos para garantizar el pago de lo adeudado y defraudado, ni para asegurar el pago de remuneraciones y leyes sociales de sus trabajadores, ni mucho menos para poder refundar estos clubes”.

La segunda es que “no se puede permitir la transformación ni un borrón y cuenta nueva en la ANFP. El Ministerio de Justicia, el Consejo de Defensa del Estado, la Fiscalía y el Servicio de Impuestos Internos, deben investigar con toda la rigurosidad que corresponda los delitos cometidos y proceder a fiscalizar su actual actuar –al igual que aquel de la Federación de Fútbol de Chile-, de acuerdo a derecho y a lo exigido por la FIFA”.

En tercer término, “no seguir transfiriendo, a través de todo tipo de granjerías, recursos que son de todos los chilenos a estos empresarios, cobrando los impuestos que corresponde y el pago de los gastos reales asociados a su actividad, como lo es, por ejemplo, el costo del Plan Estadio Seguro. Además, se debe buscar recuperar lo defraudado a la fecha por las Sociedades Anónimas Deportivas, sus accionistas y por la ANFP al Estado de Chile, como lo son, por ejemplo, las condonaciones irregulares de impuestos por el uso ilegal de la ley de Donaciones Deportivas Sujetas a Franquicias Tributarias. En este último tema, extraña el actuar del Ministerio del Deporte, que, habiendo en su momento bloqueado la entrega de estos fondos, nunca exigió al SII la recuperación de los dineros ya entregados. De esto fue informada, formal y oportunamente, la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados”.

En cuarto lugar, “nombrar un interventor veedor en la Federación de Fútbol de Chile, la ANFP y en todas y cada una de las Sociedades Anónimas Deportivas que administran estos clubes bajo el marco legal actual. Del mismo modo, prohibir su cotización en bolsa, prohibir todo nuevo endeudamiento, venta de activos y traspaso de propiedad y llevar a cabo una investigación forense pero no como la que ya realizó la ANFP -por ella misma para ella misma-, sino que liderada por entidades externas, autónomas y que respondan a las autoridades fiscalizadoras, las cuales, a su vez, deben dar cuenta pública del trabajo que realicen, de sus resultados, y del plan de acción futuro que se pretende implementar para su normalización legal y económica y para perseguir eventuales responsabilidades. Extraña ver que, estando comprobada una cantidad enorme de irregularidades y delitos, incluso con Sergio Jadue confeso en los EE.UU. y teniendo las autoridades de Gobierno y fiscalizadoras toda la información al respecto, a la fecha no se haya intervenido la Federación de Fútbol de Chile, la ANFP, las SAD y Blanco y Negro en particular, y no les hayan suspendido sus respectivas Personalidad Jurídica. Esperamos que ahora las autoridades cumplan la Ley y sus obligaciones administrativas”.

Finalmente, Labán sugiere “no permitir tramitación ni aprobación alguna de una nueva Ley del Deporte, mientras no se aclare el rol que juegan los clubes, los recursos que necesitan, la forma de financiar y administrarlos, la forma como serán fiscalizados, entre varias otras materias. Pero, sobre todo, exigir las responsabilidades legales de los que han abusado de la ley actual y asegurar la representación, discusión y legitimidad que necesita una ley tan importante como ésta”.

El ex presidente de Colo Colo hizo llegar este estudio sobre el delicado momento que vive el fútbol chileno, en forma de carta, a las siguientes autoridades y personalidades: Mario Fernández Baeza (Ministro del Interior), Marcelo Díaz (Ministro Secretario General de Gobierno); Javiera Blanco Suárez (Ministra de Justicia); Natalia Riffo Alonso (Ministra del Deporte); Rodrigo Valdés Pulido (Ministro de Hacienda); Jorge Bermúdez Soto (Contralor General de La República); Jorge Abbott Charme (Fiscal Nacional); Hugo Enrique Dolmestch Urra, (Presidente de la Corte Suprema); Fernando Barraza Luengo (Servicio de Impuestos Internos); Juan Ignacio Piña (Consejo de Defensa del Estado); Alberto Robles Pantoja (Presidente Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados); Carlos Pavez Tolosa, (Director Superintendencia de Valores y Seguros); Carlos Soto Olivares (Presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales); Claudio Bravo Muñoz (Capitán de la Selección Chilena de Fútbol); Arturo Salah (Presidente Federación de Fútbol de Chile); Neven Ilic Alvarez (Presidente Comité Olímpico de Chile); Javiera Olivares (Presidenta del Colegio de Periodistas), y ex presidentes del Club Social y Deportivo Colo Colo.