Contraloría indaga amplia red de parentescos en El Tabo

El órgano fiscalizador detectó 24 parientes directos del alcalde, Alfonso Muñoz, y exigió aclarar eventuales inhabilidades y la legalidad de algunas contrataciones.

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Por Cristián Carrión
Actualizado el 8 de diciembre de 2025 - 9:55 pm

El alcalde Alfonso Muñoz Aravena es militante del Partido Socialista. Foto: ARCHIVO

Una reciente fiscalización de la Contraloría General de la República abrió un flanco en El Tabo: 56 funcionarios con vínculos familiares o cercanos al alcalde.

El organismo advirtió posibles inhabilidades legales y riesgos de conflictos de interés. Por lo tanto, ordenó al municipio liderado por Alfonso Muñoz justificar cada contratación.

El informe detalla que 24 de los funcionarios mantienen relación directa con el alcalde. Entre ellos figuran dos hermanas, su pareja y otros parientes que operan principalmente en el Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM).

A eso se suman redes más amplias compuestas por primos y sobrinos, estratégicamente distribuidos en distintas áreas operativas y administrativas.

Otra docena de parientes

Una de las situaciones más sensibles involucra a Karla Muñoz, sobrina del alcalde. Su vínculo a honorarios en la Secretaría Comunal de Planificación fue declarado nulo por inhabilidad legal.

La Contraloría observó que no existían documentos, informes ni registros que acreditaran su labor. El caso profundizó las dudas sobre el sustento técnico y administrativo de esta y otras contrataciones.

El examen también reveló que parte de la cúpula municipal mantiene a familiares dentro de la dotación. Entre ellos destacan Patricio Lagos (director jurídico), Carolina Acevedo (directora de Control) y Vicente Catalán (director de Administración y Finanzas). Este último tiene más de una docena de parientes en distintas unidades.

Aunque el organismo no detectó irregularidades adicionales a la contratación declarada nula, sí dejó en evidencia una estructura interna marcada por extensos lazos familiares.

La entidad fiscalizadora insistió en que las situaciones deben evaluarse bajo los principios de probidad, transparencia y prevención de conflictos de interés.

La municipalidad de El Tabo deberá responder a las observaciones, presentar respaldos y, eventualmente, demostrar la legalidad de los contratos objetados.