Columna de ReneX: El voto tras las rejas

Hay una paradoja que incomoda al discurso bienpensante y que la política prefiere evitar. Y es que quienes habitan el espacio más castigado del sistema -la cárcel- suelen inclinarse por candidatos que prometen castigar aún más. 

No es un accidente estadístico ni una extravagancia; es un fenómeno persistente que revela capas profundas de psicología social, cultura del poder y fracaso institucional. Para entender por qué presos y delincuentes votan por la extrema derecha, hay que abandonar la superioridad moral y descender a la lógica del encierro.

La clave es el orden. La cárcel es, ante todo, un territorio de incertidumbre permanente. Imperan la violencia latente, jerarquías informales, arbitrariedad de normas y una sensación constante de desprotección. En ese contexto, el discurso de la mano dura no se percibe como amenaza, sino como promesa de previsibilidad. 

El preso no busca libertad abstracta; busca reglas claras. Prefiere un poder severo, pero coherente, a un Estado que se proclama garantista y actúa de forma errática. La dureza, cuando es explícita, resulta más honesta que la compasión que nunca llega.

Y ocurrió en Chile

A esto se suma una ética particular de la responsabilidad individual. Contra lo que suele suponerse, muchos internos no se perciben como víctimas de la sociedad, sino como actores que “pagan” por sus actos. En ese marco, el discurso que enfatiza culpa, castigo y consecuencia, no ofende sino que valida.

El relato progresista, al explicar el delito casi exclusivamente como producto del entorno, puede ser vivido como una forma sutil de despojo moral. La extrema derecha, en cambio, reconoce al delincuente como sujeto pleno, capaz de elegir y, por lo mismo, de asumir el costo. Esa lógica, dura pero clara, genera identificación.

Existe también una dimensión simbólica del poder que suele subestimarse. El preso vive sometido a la autoridad; la conoce en su forma más desnuda. Desde allí, no idealiza al poder blando ni a la retórica dialogante. 

Admira -o al menos respeta- al que manda sin titubeos. La promesa ocurrió con Donald Trump en Estados Unidos, en aquellos estados donde los presos conservan el derecho a voto. Ocurrió en Brasil con Jair Bolsonaro, hasta que el sufragio carcelario fue suprimido en 2022. Y ocurrió en Chile, con José Antonio Kast. 

El último consuelo

Ellos vendieron una figura de autoridad vertical, sin ambigüedades, que no pide perdón ni se explica demasiado. En un mundo carcelario donde la debilidad se paga caro, esa estética del mando resulta comprensible, incluso aspiracional.

Otro factor decisivo es el resentimiento hacia el Estado social fallido. Muchos presos provienen de trayectorias marcadas por promesas incumplidas: educación deficiente, barrios abandonados, políticas públicas que llegaron tarde o nunca. 

Desde esa experiencia, los discursos de inclusión suenan vacíos. La extrema derecha, al despreciar abiertamente esas promesas, conecta con una desilusión previa. No ofrece redención, pero tampoco simula. Y en un entorno donde la hipocresía institucional es norma, el cinismo puede parecer una virtud.

Finalmente, está la lógica del antagonismo. El preso sabe que no será parte del “nosotros” respetable. Al votar por candidatos que dividen el mundo entre orden y caos, asume su lugar sin autoengaños. No espera comprensión: espera control. Es una forma de realismo brutal: si el sistema no me salvará, al menos que funcione.

El voto carcelario por la extrema derecha no es un respaldo al castigo. Es un síntoma de una política que perdió la capacidad de ofrecer sentido, dignidad y futuro. Cuando quienes ya han sido excluidos optan por quienes prometen excluir aún más, no estamos ante una anomalía moral, sino ante un diagnóstico severo: la esperanza, en ciertos territorios, es reemplazada por el orden como último consuelo.