Caso Quintero: una dura batalla judicial que dura 10 años
La vida de los pescadores de Horcón y Ventanas ya no volvió a ser la misma tras un inmenso derrame de petróleo ocurrido en 2014. Y pese a que se acreditó la responsabilidad de la ENAP en el desastre ambiental, poco avanza la causa.
Por CRISTIÁN CARRIÓN N. / Fotos: ARCHIVO
A casi 10 años del desastre ambiental más grave de la historia de nuestro país, poco se ha avanzado. El 24 de septiembre de 2014 se derramaron en la bahía de Quintero más de 38.700 litros de petróleo crudo por parte del buque tanque Mimosa.
Esto generó un desastre ambiental y una demanda por parte de pescadores artesanales de Horcón y Ventanas. Y es que el hecho trajo consigo un antes y después en materia medioambiental. La vida de los pescadores y de sus familias no volvió a ser la misma.
“La causa judicial está en trámite. Nuestra parte cuenta con fuertes fundamentos. El perjuicio evidente a los pescadores y a la comunidad y la responsabilidad de ENAP está acreditado”, comenta el abogado Carlos Cantuarias. Sin embargo, la rapidez de la Justicia no avanza con la celeridad con que lo hizo la mancha de petróleo.
Cantuarias recuerda que “fue tema nacional, por las tremendas consecuencias para nuestro ecosistema. Eso, además del componente social que significó el desplome de la economía para las comunidades de pescadores artesanales”.
Desde el punto de vista jurídico, la demanda se sustenta en el artículo 46 de la ley 20.600, que crea los Tribunales Ambientales. Allí se expresa: “Indemnización de perjuicios. Será competente para conocer de la acción de indemnización de perjuicios por la producción de daño ambiental establecida en la sentencia del Tribunal Ambiental, el juzgado de letras en lo civil con competencia en el lugar donde se produjo el daño”.
En el inciso tercero, señala que “el tribunal civil competente, al resolver sobre la indemnización de perjuicios, se basará en el daño ambiental y la relación causal entre este y la acción del ofensor establecidas por el Tribunal Ambiental”.
El abogado añade que “la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) está intentando excepciones formales, ganando tiempo, pues el tema de fondo está claro. Y en una primera instancia, los tribunales nos dieron la razón. Sólo se busca estirar los plazos y generar algún tipo de renegociación. Algo a lo que no estamos dispuestos”.
Los pescadores artesanales solicitan a ENAP una compensación económica cercana a los 23 mil millones de pesos por los daños causados.
En diciembre de 2014, la Fiscalía Naval estableció la culpabilidad de ENAP por negligencia y le cursó una multa de unos 450 millones de pesos. En 2016, el Ministerio del Medio Ambiente emite un informe pericial detallado en el cual establece que los perjuicios económicos derivados del daño ambiental a las pesquerías y áreas de manejo de la bahía y la comunidad, ascienden a más de nueve mil millones. Estos perjuicios materiales no incluyen lucro cesante ni daños psicológicos a los pescadores y sus familias.
En septiembre de 2019, la Corte Suprema condena a ENAP por causar daño ambiental significativo. Lo hizo basándose, además, en el informe del Ministerio de Medio Ambiente.
En abril de 2023, después de reunir recursos y pruebas de perjuicios materiales y psicológicos, los sindicatos de pescadores de Horcón y Ventanas demandan a ENAP. La causa sigue en trámite.
