Buscan castigar conversaciones sexuales con menores
La diputada Ana María Bravo presentó una reforma legal que sanciona los diálogos de connotación sexual con menores de 14 años, incluso sin imágenes de por medio, para frenar el aumento del acoso digital infantil.
Hay un vacío en la ley actual que se pretende eliminar con este proyecto / Foto (referencial): ARCHIVO
Una propuesta legislativa ingresada por la diputada Ana María Bravo (PS) pretende cerrar una peligrosa brecha en la actual normativa sobre delitos sexuales en entornos digitales.
La iniciativa, que modifica el artículo 366 quáter del Código Penal, busca sancionar cualquier tipo de conversación sexual sostenida con menores de 14 años a través de medios tecnológicos, aun cuando no haya intercambio de contenido explícito.
La actual ley castiga el grooming sólo si hay envío de material sexual por parte del menor, dejando sin penalización a adultos que inician diálogos hipersexualizados sin que exista contenido gráfico. “No podemos permitir que los agresores se escuden en vacíos legales para iniciar procesos de vulneración desde una pantalla”, afirmó Bravo.
Uno de cada cuatro adolescentes ha sido contactado
La diputada respaldó su proyecto citando cifras alarmantes: según la Encuesta de Polivictimización de la Subsecretaría de la Niñez, el 25% de los adolescentes ha sido contactado en línea con fines sexuales. De ellos, el 71% corresponde a mujeres adolescentes.
A su vez, durante 2023, un 28% de niñas reportó haber sufrido acoso digital, frente al 15% de los varones.
“Las niñas están siendo las principales víctimas, y eso refleja un patrón cultural que debemos cambiar desde la legislación”, señaló Bravo. La parlamentaria remarcó que el enfoque preventivo y con perspectiva de género es clave para proteger a la infancia de daños irreversibles.
Apoyo transversal al proyecto en el Congreso
La moción no solo cuenta con respaldo dentro de la Bancada Socialista -que integran parlamentarios como Daniella Cicardini, Marcos Ilabaca, Daniel Melo, Leonardo Soto y Daniel Manouchehri- sino también con apoyo desde otros sectores, como Carla Morales (RN), Erika Olivera (Demócratas) y Carolina Tello (Frente Amplio).
“El proyecto es un imperativo ético para anticiparnos al daño. La justicia debe poder actuar antes de que una conversación termine en trauma”, concluyó Bravo, subrayando la necesidad de construir entornos digitales verdaderamente seguros para niños y niñas.
