Contraloría acusa a Carabineros de no detener a prófugos ni recuperar autos robados
Un informe de la Contraloría reveló graves omisiones en controles vehiculares realizados por Carabineros en la Región Metropolitana, donde no se detuvo a personas buscadas ni se incautaron vehículos con encargo por robo, pese a haber sido fiscalizados.
Una auditoría de la Contraloría General de la República dejó al descubierto alarmantes fallas en procedimientos de Carabineros en la Región Metropolitana, detectadas entre enero de 2023 y junio de 2024. El informe reveló que 626 vehículos con encargo por robo fueron fiscalizados sin ser incautados, a pesar de estar reportados como sustraídos.
Más grave aún, el documento detalla que 358 de estos automóviles seguían con encargo vigente hasta noviembre del año pasado, evidenciando una falta de reacción oportuna por parte de los funcionarios en terreno.
Órdenes pendientes ignoradas
En paralelo, la Contraloría también identificó que 144 personas que registraban órdenes de detención por delitos graves -incluyendo abuso sexual, tráfico de drogas y porte ilegal de armas- no fueron arrestadas al momento del control, a pesar de estar plenamente identificadas durante los operativos.
Estas situaciones fueron calificadas como graves por el organismo fiscalizador, que resolvió iniciar un sumario administrativo para establecer responsabilidades dentro de la institución. Además, remitió todos los antecedentes al Ministerio Público para que se investigue si hubo eventuales delitos u omisiones.
La situación vuelve a tensionar el debate sobre la eficacia de los controles policiales en el país y la necesidad de modernizar los sistemas de verificación en tiempo real que maneja la policía uniformada.
Falencias en el cruce de información
El informe también sugiere posibles deficiencias en los mecanismos tecnológicos y humanos utilizados por Carabineros al momento de cotejar datos durante las fiscalizaciones.
La falta de detección de encargos por robo y órdenes vigentes de detención podría estar relacionada con sistemas de verificación obsoletos, respuestas lentas de las bases de datos o negligencia operativa, lo que abre un nuevo flanco sobre la preparación y eficiencia en procedimientos clave de seguridad pública.
