Condenan a Isapre por cobros indebidos con tabla inválida
Un tribunal civil de Santiago ordenó a Isapre Consalud pagar más de $7 millones a una pareja por aplicar una tabla de factores derogada por el Tribunal Constitucional.
En total, Consalud deberá pagar 181,8 UF / Foto: ARCHIVO
El 22° Juzgado Civil de Santiago resolvió parcialmente una demanda presentada por dos afiliados de Isapre Consalud, quienes fueron afectados por cobros indebidos basados en una tabla de factores de riesgo que ya había sido declarada inválida por el Tribunal Constitucional.
En su dictamen, el tribunal rechazó totalmente la defensa de prescripción presentada por la aseguradora, calificándola como “manifiestamente infundada”, y dejó en claro que el uso de dicha tabla transgredió lo ordenado por la justicia, generando perjuicios económicos comprobables.
Cobros fuera de norma: el origen del conflicto
Según el fallo, Consalud aplicó una estructura tarifaria que no respetaba las disposiciones del Tribunal Constitucional ni las circulares emitidas por la autoridad sanitaria. Esto quedó acreditado mediante certificados de cotizaciones y notificaciones enviadas a los demandantes, documentos presentados por la misma aseguradora durante el proceso.
El juez concluyó que esta práctica provocó un daño patrimonial directo y constatado, aunque desestimó otras pretensiones, como el lucro cesante, por falta de respaldo probatorio suficiente.
Más de 7 millones en indemnización por daño emergente
Finalmente, la justicia condenó a Consalud a pagar 137,7 UF (alrededor de $5.375.000) a la mujer demandante, y 44,1 UF (unos $1.726.000) a su pareja, montos fijados por concepto de daño emergente.
El tribunal precisó que, si bien no se acreditó adecuadamente la pérdida de rentabilidad esperada, sí se cumplían todos los requisitos para indemnizar el daño ocasionado por el actuar irregular de la isapre.
Impacto del fallo y advertencia al sistema de salud privado
Este caso marca un precedente sobre las consecuencias legales del uso de herramientas tarifarias fuera de norma, y refuerza la exigencia de respetar las disposiciones legales en beneficio de los afiliados.
La sentencia también pone sobre la mesa la necesidad de una mayor fiscalización en el sistema de salud privado y una revisión rigurosa de las prácticas aplicadas por las isapres, especialmente en cuanto a transparencia y legalidad en la determinación de los planes de salud.
