Defensoría de la Niñez rechaza alza de penas a jóvenes infractores
El organismo acusó falta de sustento técnico en la propuesta que se discute en el Congreso y alertó que podría aumentar la reincidencia juvenil.
Organismo señala que las condenas a adolescentes han disminuido en los últimos años / Foto (referencial): ARCHIVO
La Defensoría de la Niñez emitió una dura crítica contra el proyecto de ley que busca modificar la Ley Nº 20.084, con el objetivo de endurecer las sanciones para adolescentes que cometen delitos graves.
La iniciativa se votará este miércoles en la Cámara Baja, y ha generado amplio debate por sus posibles consecuencias en el sistema penal juvenil.
El organismo liderado por el defensor Anuar Quesille expresó que la propuesta “carece de sustento técnico y desconoce la evidencia disponible”, además de no considerar los mecanismos de evaluación establecidos en la Ley Nº 21.527, que creó el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y cuya aplicación aún está en marcha.
Aumentar penas no reduce el delito, advierten
El organismo recalcó que elevar las condenas, como pasar de 8 a 10 años en ciertos casos, no tiene un efecto disuasivo en los adolescentes, dado que estos presentan una menor capacidad para prever consecuencias y regular sus impulsos.
Según datos del sistema penal juvenil entre 2016 y 2024, la eficacia de las resoluciones judiciales ha disminuido drásticamente: las sentencias condenatorias bajaron de 34% a 15%, y los archivos provisionales se duplicaron. Además, se evidencia un uso desmedido de la internación provisoria, lo que agrava los riesgos de reincidencia. Un 48,4% de quienes pasaron por esa medida volvieron a delinquir, en contraste con el 15,5% de los que cumplieron sanciones en libertad.
El llamado: enfoque preventivo, no punitivo
Desde la Defensoría se reiteró que una política pública eficaz contra la delincuencia juvenil debe enfocarse en la prevención integral, fortaleciendo el acceso a programas sociales, educación y redes comunitarias.
La institución también destacó la necesidad de articular mejor las herramientas ya existentes, como los programas “24 Horas” y “Lazos”, con datos que respaldan esta línea: el 61% de los jóvenes ingresados al sistema penal tenía antecedentes previos en programas de protección.
En su declaración pública, el organismo exhortó al Congreso a reconsiderar el proyecto: “Legislar sin evidencia ni foco preventivo sólo profundiza la exclusión y agrava los ciclos de violencia”.
