Diputada Catalina Pérez quedó con arresto domiciliario
La parlamentaria llegó a tribunales en Antofagasta imputada por su presunta vinculación en el caso Democracia Viva.
En abril la diputada (ex Frente Amplio) fue desaforada / Foto: ARCHIVO
La titular del Juzgado de Garantía de Antofagasta, Claudia Campusano, decretó la medida cautelar de arresto domiciliario total para la desaforada diputada Catalina Pérez, quien fue formalizada este lunes acusada de tres delitos de fraude al fisco en el marco del caso Democracia Viva.
De acuerdo a la jueza, la parlamentaria es un peligro para la sociedad y sí sería autora de los delitos que se le imputan
Su abogado, Gonzalo Medina, señaló que no hay antecedentes concretos que ubiquen a su defendida como autora principal de los hechos, pero su argumento no fue tomado en cuenta por la magistrada.
La acusación
La Fiscalía Regional le atribuye tres delitos de fraude al fisco, por un monto total de 426 millones de pesos vinculados a convenios irregulares entre la Seremi de Vivienda y la Fundación Democracia Viva.
El abogado querellante Pablo Toloza, representante de la UDI, solicitó la medida cautelar más estricta: prisión preventiva. A juicio del jurista, «son los mismos antecedentes que mantienen a los otros imputados en prisión, por lo que correspondería aplicar la misma medida». Sin embargo, su tesis no tuvo aceptación.
CDE considera participación como cómplice
Contrario a lo estimado por la jueza Campusano, el Consejo de Defensa del Estado hizo ver que, según su evaluación, la parlamentaria tendría un rol de cómplice y no de autora en los hechos que se investigan, a diferencia de lo planteado por la Fiscalía.
Hay que recordar que ya se encuentran en prisión preventiva destacan Daniel Andrade –ex pareja de Pérez y fundador de Democracia Viva-, el ex seremi de Vivienda, Carlos Contreras, y la ex concejal Paz Fuica.
Pérdida de fuero parlamentario
La Corte Suprema confirmó el desafuero de Catalina Pérez el 7 de abril pasado, luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogiera la solicitud del Ministerio Público. La decisión judicial se basó en evidencia recabada desde informes policiales y conversaciones entre Pérez y Andrade, que reflejarían intervención directa en la gestión de los convenios.
Según el fallo del tribunal, esa comunicación vía WhatsApp permitiría sostener la probabilidad preliminar de su participación, abriendo la puerta a que enfrente el juicio penal sin la inmunidad parlamentaria.
