Reportaje: comienza a trabajar Comisión Especial Investigadora de Santiago 2023
La Cámara de Diputados dispuso que 13 parlamentarios, seis del oficialismo y 7 de oposición, inicien su tarea a más tardar el 28 de agosto (podría ser antes). La finalidad es indagar sobre “posibles irregularidades” en la organización de los Juegos. La Comisión tendrá 90 días para entregar su informe.
Por PEDRO LIRA BIANCHI / Fotos: ARCHIVO
Faltando menos de 80 días para la inauguración de los Juegos Panamericanos y menos de 100 para los Parapanamericanos, la Cámara de Diputados de Chile aprobó por unanimidad la creación de una Comisión Especial Investigadora (CEI) en torno a estos dos eventos. ¿El propósito de la misma? Recabar los antecedentes necesarios para aclarar las “posibles irregularidades ocurridas desde el año 2018 al 2023”, en la organización, ejecución de obras y financiamiento de Santiago 2023.
El 24 de abril de este año, el ex presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic (Partido Liberal), recibió un oficio de la diputada Erika Olivera (Demócratas), donde 69 parlamentarios y parlamentarias solicitaban, basándose en el artículo 52, N°1, letra c) de la Constitución Política de la República, y en el artículo 313 del Reglamento de la Cámara, la creación de una Comisión Especial Investigadora. Ésta sería la encargada de “reunir información sobre los actos del gobierno, realizados por el Ministerio del Deporte (Mindep) y el Instituto Nacional de Deportes (IND)”.
¿Por qué esta Comisión tendrá que buscar antecedentes a través de los actos de dos organismos públicos y no lo hace directamente a través de la Corporación Santiago 2023, ente que organiza los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos?
La razón es de fondo. La Corporación Santiago 2023 es una organización deportiva privada y aunque sus socios fundadores son el Comité Olímpico de Chile (COCH), organismo privado, y el Instituto Nacional de Deportes (IND), órgano público, el que esta Corporación tenga la calificación de privada, no la obliga a entregar información a la Cámara. Así y todo, el director ejecutivo de los Juegos de Santiago, Harold Mayne-Nicholls, quien asumió su cargo el 14 de junio, ya ha aportado algunas carpetas y las ha entregado a la Comisión de Deportes de la Cámara.
¿CREACIÓN TARDÍA DE LA COMISIÓN?
¿Por qué se demoró cuatro meses la Cámara de Diputados en resolver la creación de la Comisión Especial Investigadora? Previo a responder a esta interrogante, es necesario consignar que el interés del Parlamento en torno a las “posibles irregularidades” en la organización de los eventos continentales es muy anterior al 24 de abril.
Ya el 1° de marzo de 2022, estando aún Sebastián Piñera como Presidente de Chile y Cecilia Pérez como ministra del Deporte, la Comisión de Deportes de la Cámara realizó una sesión para recabar antecedentes sobre las denuncias que se estaban haciendo públicamente desde diciembre de 2021 acerca de los atrasos en las obras de infraestructura y las tardías licitaciones, las posibles modificaciones de los estatutos de la Corporación y los intentos para traspasar profesionales del Mindep a la Corporación.
A la sesión indicada fue invitada la ex ministra Pérez, pero ella envío por escrito sus excusas. También fue invitado -y sí asistió- el autor de las denuncias de fines del 2021, quien es el autor de este reportaje.
Ante esa situación, quien era presidenta de la Comisión de Deportes de la Cámara a inicios del 2022, la diputada Erika Olivera, indicó que la mirada crítica que se tenía hace dos años es la misma mirada crítica actual, la que abarca el tema organizacional de los Juegos Santiago 2023 desde sus inicios en 2018, porque este tema ha sido problema en los distintos gobiernos desde que se creó la Corporación.
Las razones son varias para explicar lo tardío de la creación de la CEI: primero, no bastaba haber reunido 69 firmas de parlamentarios (la Ley exige 68); segundo, se pretendía investigar a una organización privada y no pública; tercero, aunque estaban las firmas, se necesitaba la votación de toda la Cámara y no todos los y las honorables estaban de acuerdo. Muchos parlamentarios del oficialismo habían explicitado que esta Comisión tenía que trabajar con posterioridad a los Juegos, es decir, desde mediados de noviembre del 2023 en adelante.
En este contexto y habiéndose aprobado por unanimidad la conformación de la CEI, si la Corporación tiene la voluntad de seguir aportando datos y hechos del proceso organizativo, los antecedentes que entreguen es del todo seguro que se incorporarán al informe final.
Sin embargo, el Mindep y el IND tienen la obligación de entregar la información que se les solicite. Esto, no sólo porque son los entes públicos dedicados a que se implementen las políticas públicas del sector deportivo en Chile, sino porque son parte directa y corresponsables de todo lo que suceda en torno a la Corporación Santiago 2023.
RAZONES DE LA OBLIGATORIEDAD
Hay varios motivos para exigir que el Mindep y el IND se hagan presentes en la CEI y aporten antecedentes. Primero, porque el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, es quien preside por decisión propia o porque así se lo recomendaron desde La Moneda, el directorio de la Corporación Santiago 2023. El directorio es el órgano responsable de tomar las decisiones estratégicas y financieras en torno a los Juegos. Por tanto, Jaime Pizarro es la máxima autoridad del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. El secretario de Estado está por sobre Harold Mayne-Nicholls, quien es el “jefe administrativo y operativo” de los Juegos, es decir, responsable de que los eventos se lleven a efecto.
Segundo, la subsecretaria del Deporte, Antonia Illanes, es parte del directorio de la Asamblea General de Socios Fundadores de los Juegos. Este ente lo conforman tres funcionarios del IND y dos del Comité Olímpico (COCH), instituciones cofundadoras de la Corporación Santiago 2023.
Como la subsecretaria Illanes es la “superior” ministerial del IND, hace parte de este grupo donde trabajan cinco personas. Entre otras, la función esencial de la Asamblea General es aprobar los nombramientos en el directorio y hacer un seguimiento cabal a los procesos administrativos y financieros de Santiago 2023.
Tercero, el director nacional del IND, Israel Castro, es quien preside la Asamblea General de Socios Fundadores de los Juegos 2023. Además, como director nacional del IND, él es el responsable principal de entregar los recursos públicos aprobados por el Congreso Nacional para organizar Santiago 2023 y, consecuentemente, es el responsable que se hagan todas las fiscalizaciones al uso de las platas públicas, tema que ha sido conocido este año y que ha implicado, incluso, la crítica de la Contraloría General de la República hacia el IND por no haber hecho esa labor en los tiempos y las formas correspondientes.
PREOCUPACIONES DE LA CÁMARA
En el documento de 6 páginas enviado el 24 de abril por la diputada Erika Olivera al ex presidente de la Cámara Vlado Mirosevic, se explicitan algunas de las causas, dudas y los múltiples temas que preocupan a los parlamentarios y ciudadanía sobre Santiago 2023. Estos factores deben aclararse y se deben asumir las responsabilidades y enseñanzas del caso, para que todos los chilenos sepan cómo se han invertido los recursos públicos y porque, además, se desea que Chile siga siendo sede de eventos deportivos, pero que se hagan bien y en forma transparente, declaran diputados y diputadas.
Los principales temas de la misiva se pueden sintetizar en los siguientes puntos, lista a la que El Ágora ha añadido algunos aspectos:
- Conocer las posibles irregularidades ocurridas desde el 2018 al 2023 en la organización, ejecución de obras y financiamiento de los Juegos Santiago 2023.
- Precisar las razones que atrasaron la puesta en marcha de la Corporación Santiago 2023, la que comenzó a funcionar en noviembre de 2018, siendo que la sede se ganó en noviembre de 2017 (El Ágora).
- Saber los motivos que provocaron la existencia de cuatro directores ejecutivos de Santiago 2023 para un período de cinco años (El Ágora).
- Aclarar el aumento desproporcionado de los recursos públicos destinados al evento, que comenzaron siendo el equivalente a 187 millones de dólares en 2017, pasaron el 2018 a ser entre 350 y 400 millones de dólares, subiendo esa cifra a 507 millones el 2020 y llegando el 2023 a una suma cercana o superior a 650 millones de dólares. Es decir, en seis años ha habido un incremento cercano al 400 por ciento. La cifra inicial fue producto de un trabajo conjunto entre el Mindep, IND, Hacienda y COCH.
- Saber por qué la información relacionada con la organización y financiamiento de los Juegos, no ha sido entregada a la Cámara de Diputados de manera integral ni oportuna y a qué se ha debido que esa información tampoco se encuentra de manera pública y de fácil acceso en los distintos portales web de los organismos involucrados.
- Conocer las razones de por qué el IND, basándose en la Resolución 09/2022 de 13 de mayo de 2022, debía entregar cerca de 9.500 millones de pesos al COCH para construir obras para los Juegos del 2023, dinero que hasta el momento no se ha transferido en su totalidad, poniendo en dudas el legado a dejar para el béisbol y softball en la comuna de Cerrillos.
- Conocer las razones de por qué el IND traspasó más de 10.000 millones de pesos a la Municipalidad de La Reina para construir un Centro Deportivo Elige Vivir Sano, que sería sede del boxeo y la lucha en los Panamericanos 2023, recinto que no se ha levantado y que implicó buscar otros espacios para estos dos deportes en los últimos cinco meses (El Ágora).
- Aclarar las razones de los atrasos en las licitaciones de al menos ocho recintos del Estadio Nacional, los posibles sobreprecios en estas licitaciones y conocer el mapa de las empresas que se adjudicaron esos llamados públicos. El ejemplo del Centro de Deportes Acuáticos es sintomático. En marzo de 2022 costaba 17.000 millones de pesos, precio que subió a 32.000 en junio del mismo año y que en octubre terminó costando 50.500 millones de pesos, es decir, un aumento del 300 por ciento en siete meses. Hay que constatar que a esa obra se presentó un oferente, que finalmente se asoció a la empresa Moller y Pérez Cotapos, que es hoy la que se muestra públicamente.
- Conocer por qué el IND no cumplió en 2022, en forma inmediata, la orden de la Contraloría General de la República en cuanto a cobrar una multa del orden de los 1.600 millones a la empresa De Vicente, por atrasos en obras en el Estadio Nacional.
Los diputados integrantes de Comisión Especial Investigadora Santiago 2023 son Roberto Arroyo (PDG), Felipe Camaño (Indep.-Bancada Mixta), Andrés Celis (RN), Andrés Giordano (Indep. RD), José Carlos Meza (Rep.), Erika Olivera (Dem.), Ximena Ossandón (RN), Guillermo Ramírez (UDI), Marcela Riquelme (Indep. Converg. Social), Juan Santana (PS), Marisela Santibáñez (PC); Cristián Tapia (PPD) y Flor Weiss (Rep.).
