ProCultura: Fiscalía acusa inversiones en fondos públicos
El Ministerio Público sostuvo que recursos del Gobierno Regional metropolitano se invirtieron en fondos mutuos y no en el programa comprometido.
Alberto Larraín ante el Séptimo Juzgado de Garantía. Foto: WHATSAPP
La tercera jornada de formalización del caso ProCultura estuvo marcada por una grave acusación del Ministerio Público. Los imputados habrían invertido recursos públicos en fondos mutuos y no en la ejecución del programa de prevención del suicidio “Quédate”.
La Fiscalía expuso que más de 1.600 millones de pesos desde el Gobierno Regional (Gore) Metropolitano a la Fundación se entregaron en una cuota. La situación se calificó como “irregular”.
Pero, además, esos recursos se colocaron posteriormente en fondos mutuos para generar rentabilidad. El objetivo era cubrir gastos operativos como sueldos, arriendos y contratación de personal.
Las cautelares
El principal imputado es el director ejecutivo de ProCultura, Alberto Larraín. Junto a él figuran María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme, Evelyn Magdaleno y Gabriel Prado. A todos se les atribuyen distintos roles en el esquema de adjudicación directa de los fondos, sin concurso público ni acreditación técnica suficiente.
Como parte de los antecedentes que respaldan la imputación se dio lectura a conversaciones entre los imputados. Además de extractos de declaraciones contenidas en la carpeta investigativa y se exhibió un registro audiovisual del acto en que se oficializó el convenio.
Hasta ahora, Prado quedó sujeto a arresto domiciliario total y arraigo nacional, mientras que para los otros cuatro imputados la Fiscalía solicitó prisión preventiva.
La fe pública
La defensa de Larraín cuestionó la calificación jurídica de los hechos. El abogado Cristián Arias planteó dudas sobre si su representado podía considerarse funcionario público, elemento central para configurar el delito de fraude al Fisco.
“Lo que dice el ente persecutor es que el intraneus (…) comete fraude al Fisco bajo administración desleal. Por lo tanto, Larraín (…) se pregunta si él es partícipe en ese supuesto hecho”, señaló.
Añadió que la Fiscalía, en subsidio, sostiene que “si no me cree que es funcionario público (porque es evidente que no lo es), entonces comete estafa”.
El abogado querellante Pablo Toloza, en representación de la UDI, subrayó la gravedad de los hechos. “Estos delitos de fraude al fisco (…) van en contra de bienes jurídicos protegidos más allá del patrimonio fiscal. Está en juego la fe pública”, afirmó. Y recordó que este tipo de conductas también están reguladas por convenios internacionales contra la corrupción.
