(VIDEO) Aníbal Mosa: desalojo involucra a grupo ligado al presidente de Colo Colo
La expulsión de una adulta mayor de 94 años reavivó denuncias de irregularidades judiciales y cuestionamientos al fallo que autorizó el procedimiento.
El desalojo fue ordenado por la cuestionada jueza Lilian Lizana / Foto: INSTAGRAM
El desalojo de una casona del barrio residencial Bilbao El Bosque, en Providencia, detonó una controversia mayor: la expulsión de una familia completa -incluida una mujer de 94 años- por orden del 28º Juzgado Civil de Santiago, en un caso que involucra al Grupo Mosa, del actual presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa, principal accionista de Blanco y Negro, la concesionaria que dirige al club albo.
Pablo Sandor, uno de los afectados e integrante del proyecto fundacional que pretendía utilizar el inmueble para fines de rehabilitación de adicciones, acusó un proceso “acelerado, injusto y contaminado por intereses ajenos al espíritu original del acuerdo”.
Los descargos de Sandor
Sandor aseguró que la situación marca un precedente preocupante:
“Me da vergüenza lo que está pasando aquí. Este es el ejemplo de cómo la justicia chilena está totalmente corrupta. ¿Cómo es posible que estén lanzando a una familia entera, a una señora de 94 años, solamente por la codicia del grupo Mosa?”, denunció.
Relató que el grupo había avanzado en la constitución de una fundación asociada al inmueble. “Pusimos plata, llegamos a firmar la constitución de la fundación y poner nuestra huella. Y ahora, desconociendo todo eso, nos demandaron por arriendo; lo perdieron. Después por usurpación; lo perdieron. Y ahora por precario, algo totalmente imposible”, sostuvo.
Sandor apuntó a un sistema con dobles estándares. “Hay una justicia para los que pueden sobornar y otra para los normales. Eso es lo que está mostrando todo”.
El oficio que autorizó el lanzamiento
El desalojo se ejecutó en virtud del Oficio 7052, emanado el 28 de noviembre de 2025, en el marco de la causa C-8321-2025, caratulada Inversiones Osorno Ltda. / Sandor Mallol y otro.
La orden instruyó auxilio de la fuerza pública, con facultades de allanamiento y descerrajamiento, para la entrega del inmueble ubicado en Guillermo Acuña Valdivia 2833.
El procedimiento se dirigió contra Pablo Sandor Mallol, Pamela Andrea Gajardo Caselli, sus familiares, dependientes y demás ocupantes.
La jueza cuestionada
El fallo fue firmado por la jueza Lilian Esther Lizana Tapia, funcionaria que protagonizó uno de los episodios disciplinarios más graves y silenciosos del Poder Judicial en los últimos años.
Un informe reservado del Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago (2023) la sancionó tras detectarse un patrón irregular: múltiples solicitudes de inscripción vehicular rechazadas por el Registro Civil terminaron sistemáticamente en su tribunal, con resoluciones favorables al solicitante, Cristián Mandujano Moreno, pareja de la magistrada.
La Corte concluyó que existió “grave deficiencia en el deber de revisión exhaustiva”, además de omisiones sobre sus vínculos personales que debieron obligar a su inhabilitación.
Pese a ello, la jueza continuó ejerciendo funciones, lo que hoy reabre dudas sobre la transparencia y el estándar de revisión con que se dictó el fallo que permitió el lanzamiento en Providencia.
Un desalojo que revive críticas al sistema judicial
Para Sandor, la situación refleja la crisis de confianza que enfrenta el sistema de justicia:
“Este caso lo dijo el propio integrante de la Comisión para la Transparencia: es emblemático de por qué los chilenos no creen en la justicia. Es una vergüenza”, afirmó.
La controversia quedó instalada: un conflicto habitacional entre privados escaló a un debate mayor sobre integridad judicial, fallos cuestionados y un procedimiento que terminó afectando a una adulta mayor de 94 años.
Declaraciones del afectado refiriéndose al actuar del Grupo Mosa y de la jueza Lizana:
