Boric: “Búsqueda de desaparecidos es deber del Estado”
El mandatario reafirmó que el Plan Nacional de Búsqueda es una política pública permanente y no solamente un acto simbólico. Recordó que durante décadas fueron las familias las que cargaron con la tarea de encontrar a las víctimas de desaparición forzada.
Los restos de 1.162 víctimas siguen sin ser encontrados. Foto: PRESIDENCIA
El Presidente Gabriel Boric enfatizó este viernes que la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada es “un deber ético y moral del Estado”.
Según el mandatario, esta responsabilidad no puede quedar limitada a la memoria o a ceremonias conmemorativas, sino que debe transformarse en una política pública sostenida.
En el Día Internacional del Detenido Desaparecido, Boric enfatizó que el Plan Nacional de Búsqueda (PNB) representa una iniciativa relevante en materia de Derechos Humanos.
El PNB, en marcha desde septiembre de 2023, tiene como propósito esclarecer las circunstancias de desaparición de más de mil personas durante la dictadura.
De acuerdo con los registros, la dictadura asesinó a unos 3.200 opositores, de los cuales 307 están identificados, tras décadas de esfuerzo.
Entrega de archivos reservados
Sin embargo, 1.162 personas aún no han sido encontradas. Dentro de los avances recientes se destacan la primera nómina oficial de detenidos desaparecidos. Además de un mapa georreferenciado de las últimas trayectorias y más de 100 diligencias en terreno. Se incluyen excavaciones, entrevistas, revisiones de archivos y peritajes forenses.
El gobierno entregó también a familiares más de 150 carpetas de calificación, documentos reservados que contenían información sobre casos de desaparecidos almacenados en distintas reparticiones del Estado. “En cada carpeta se reconoce la vida de chilenos víctimas por sus convicciones y por resistir frente a un régimen ilegítimo”, señaló Boric.
Pese a múltiples juicios desarrollados en Chile, muchos crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura siguen impunes. Pinochet murió en 2006, a los 91 años, sin enfrentar condena judicial alguna por su responsabilidad en estas violaciones a los Derechos Humanos.
