Sentencian a ex marinos que secuestraron a Mauricio Redolés
Ministro en visita estableció penas de hasta 12 años de cárcel por 13 casos de secuestro con grave daño en Valparaíso. Entre las víctimas figuraba el músico Mauricio Redolés.
Max Cancino, ministro en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones, dictó sentencia contra cuatro ex marinos por crímenes cometidos entre 1973 y 1974.
La resolución establece penas de presidio para ex integrantes de la Armada por su responsabilidad en 13 delitos de secuestro con grave daño.
Juan de Dios Reyes Basaur y Héctor Santibáñez Obreque deberán cumplir 12 años de cárcel efectiva. Mientras, a Sergio Hevia Febres se le condenó a 10 años y un día, y a Erwin Conn Tesche, a cinco años y un día.
A todos se les considera autores de los ilícitos, en un contexto de represión sistemática e ilegal contra opositores al régimen militar.
El fallo da por acreditada la existencia de una estructura organizada de inteligencia, conocida como Sicajsi. La sigla corresponde a Servicio de Inteligencia de la Comandancia de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior, que operó tras el golpe militar de 1973.
Este aparato coordinaba detenciones ilegales, traslados y confinamientos en recintos como el cuartel Silva Palma y la Academia de Guerra Naval.
Indemnización de 550 millones
Según la investigación, a las víctimas -entre ellas estudiantes, dirigentes sociales y militantes políticos- se les sometió a crueles interrogatorios bajo coerción, sin orden judicial.
Posteriormente, la estructura mutó al denominado Centro de Inteligencia Regional de Valparaíso, pero mantuvo sus métodos .
Entre los afectados figuró el músico y poeta Mauricio Redolés, detenido a los 20 años, cuando estudiaba Derecho. El fallo establece que se le mantuvo incomunicado, y se le trasladó a distintos recintos para interrogatorios.
Así comenzó un peregrinar de dos años por distintas prisiones que incluyó la isla Melinka y la cárcel pública de Valparaíso.
Finalmente, en 1975 salió exiliado a Inglaterra, donde vivió 10 años antes de retornar a Chile.
La sentencia también detalla otros casos, incluyendo menores de edad y dirigentes sociales. Todos sufrieron detenciones arbitrarias, traslados entre centros de reclusión y graves afectaciones físicas y psicológicas.
En materia civil, el tribunal ordenó el pago de una indemnización total de 550 millones de pesos por daño moral a seis víctimas. Además, rechazó las excepciones de prescripción presentadas por el Estado.
