Pesca artesanal arremete contra demanda de Camanchaca
El sector acusa a la pesquera de intentar blindar antiguos privilegios y califica de “inmoral” el reclamo por 100 millones de dólares tras la nueva Ley de Fraccionamiento.
Los recursos del mar son de todos los chilenos señalan pescadores artesanales / Foto: ARCHIVO
La controversia por la nueva Ley de Fraccionamiento volvió a escalar luego que organizaciones de la pesca artesanal rechazaran con dureza la demanda presentada por Camanchaca contra el Estado, acción judicial con la que la empresa busca una compensación cercana a los 100 millones de dólares por eventuales perjuicios económicos.
Desde la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal sostienen que la ofensiva legal no apunta a resguardar derechos adquiridos, sino a prolongar beneficios obtenidos bajo la antigua legislación pesquera. A su juicio, la Ley N° 21.752 corrige una distorsión histórica en la distribución de cuotas y devuelve equilibrio a un sistema altamente concentrado.
“Una vergüenza nacional”
El presidente del Consejo por la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), Hernán Cortés, cuestionó con dureza la demanda, señalando que “es una vergüenza nacional que grupos económicos que usufructuaron durante años de una ley ilegítima hoy pretendan cobrarle al Estado por corregir una injusticia histórica”.
A su juicio, la acción de Camanchaca refleja “la prepotencia de quienes se acostumbraron a legislar a su medida”.
Recursos que pertenecen a todos
Desde la Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal, su presidenta, Sara Garrido, reforzó la crítica subrayando el carácter público de los recursos marinos.
“El Estado no ha expropiado nada porque los peces no pertenecen a Camanchaca ni a las siete familias. Pertenecen a todos los chilenos”, afirmó, destacando que la ley apunta a restituir soberanía alimentaria.
Debate por indemnizaciones
El vocero de Condepp, Ramón Chaparro, también puso en duda el concepto de daño patrimonial alegado por la industria. “Si vamos a hablar de indemnizaciones, la cuenta histórica la pagan ellos, no el Fisco”, señaló, apuntando al impacto ambiental y a la sobreexplotación de los recursos pesqueros.
Las organizaciones artesanales advirtieron que se mantendrán movilizadas ante cualquier intento de revertir la normativa. Pascual Aguilera, presidente de la Coordinadora Alianza del Norte (Coranor), aseguró que “la pesca artesanal no dará ni un paso atrás”, recalcando que la ley fue respaldada por una amplia mayoría en el Congreso y que su aplicación será defendida en todas las caletas del país.
Desde el sector insisten en que la Ley de Fraccionamiento representa un ajuste largamente esperado y que enfrentarán tanto acciones judiciales como presiones políticas que busquen alterar su implementación.
