Jueces apuntan a Gendarmería por fuga de sicario

La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM) del Poder Judicial culpó a Gendarmería por la insólita liberación del venezolano Osmar Ferrer Ramírez.

“El Sicario de Meiggs” cumplía prisión preventiva por el asesinato de José Reyes, y fue dejado en libertad tras una cadena de errores.

Según el gremio judicial, el hecho generó un fuerte impacto social por la gravedad del crimen y por las fallas operativas que facilitaron su excarcelación.

La situación dio pie a investigaciones penales y administrativas en distintos niveles del sistema judicial y penitenciario.

La ANMM aclaró que fue la misma jueza cuestionada quien dictó la prisión preventiva de Ferrer. Y ordenó expresamente su reclusión en un centro penal. Sin embargo, el problema se habría generado en Gendarmería, durante la tramitación del ingreso al recinto carcelario.

Llamado a revisar protocolos

“Durante ese proceso administrativo, particularmente en la gestión de los oficios correspondientes, se detectaron inconsistencias que no fueron corregidas a tiempo”, detalla el comunicado.

Además, la ANMM acusó falta de diligencia por parte de Gendarmería, al recibir comunicaciones oficiales con horarios distintos sin alertar ni consultar al tribunal. Eso pudo haber evitado la excarcelación, afirma la Asociación.

La agrupación gremial sostuvo que este incidente “evidencia la urgente necesidad de revisar los protocolos administrativos, operativos e informáticos del sistema penal”. Especialmente -dice- en lo que respecta a la coordinación entre tribunales, Gendarmería y las plataformas digitales del Poder Judicial.

El caso encendió una señal de alerta en la opinión pública, pues pone en tela de juicio los niveles de seguridad y control en la ejecución de medidas cautelares.

La ANMM recalcó que hechos como este pueden debilitar la confianza en el sistema de Justicia si no se asumen responsabilidades.

La Suprema pide medidas

Mientras, y tras una reunión extraordinaria, la Corte Suprema ordenó la elaboración de un protocolo para un sistema único de tramitación penal. Esto permitirá el efectivo cumplimiento de las órdenes judiciales y evitará espacio de discrecionalidad.

En el contexto de la liberación de Ferrer, la Suprema dispuso la medida y recabar información respecto de “los defectos que se advierten en el sistema informático para la tramitación interna de órdenes de ingreso y egreso”.

La presidenta subrogante del organismo, Gloria Ana Chevesich, instruyó informática de la Corporación Administrativa del Poder Judicial que emita un informe sobre la materia.

Asimismo, solicitó a la ANMM dar cuenta de las dificultades que detecta la judicatura penal en el manejo eficiente del sistema de tramitación electrónica.