Hermosilla pasa al ataque pero pierde igual

Con un chaleco amarillo en el que se leía “imputado”, además de esposado y engrillado como un vulgar delincuente. Así compareció este miércoles Luis Hermosilla para su formalización por la arista Parque Capital del caso Audios.

El abogado compareció por segunda vez en menos de un año ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, presidido por María Carolina Herrera. Y en apenas un rato, se conocieron las estrategias de uno y otro bando. La defensa de Hermosilla, encarnada en su hermano Juan Pablo, decidió pasar al ataque y pidió el sobreseimiento definitivo en la causa. O sea, salir libre de polvo y paja.

La Fiscalía, en tanto, continuó con su tono pausado. Primero, el fiscal de Alta Complejidad Oriente, Miguel Ángel Orellana, adelantó que no solicitarían medidas cautelares, pues el imputado ya está en prisión preventiva.

Luego, el fiscal jefe de Las Condes, Felipe Sepúlveda, detalló que se formalizaba a Hermosilla en su calidad de funcionario público. Esto, pues fue asesor del Ministerio del Interior durante el gobierno anterior. En ese contexto, el persecutor apuntó que el abogado operó a favor de los intereses del Grupo Patio.

Detalle no menor, porque sólo en su calidad de funcionario público se le puede acusar de tráfico de influencias.

Pago de 45 mil Unidades de Fomento

Se le imputó haber recibido pagos por realizar gestiones en favor del proyecto inmobiliario industrial Parque Capital, en Lampa. La Fiscalía dijo que, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, y a través de Andrés Chadwick y Felipe Ward, consiguió apurar el proyecto de sus amigos del Grupo Patio, los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff.

Por el favor, Hermosilla habría recibido una “retribución” de 45 mil UFs (a fecha de hoy, más de 1.729 millones de pesos). Luis Hermosilla descartó los pagos de forma tajante. Pero Orellana afirmó que las comisiones se habilitaron vía una “triangulación”. Los dineros de Parque Capital pasaron a una cuenta de Factop, desde donde recibió los dineros Hermosilla.

Para Juan Pablo Hermosilla, su hermano nunca fue funcionario público. “Aquí están pasando puras cosas raras. La Fiscalía está haciendo cosas indebidas. Ellos saben que no es funcionario público”, afirmó a la prensa.

Tras la formalización, la magistrada le preguntó a Hermosilla: “¿Entendió los hechos?”. Y Hermosilla respondió: “Los comprendo y el Ministerio Público miente severamente”. No agregó más.

La defensa aprovechó el momento e intentó anotar de media cancha. No sólo pidió el sobreseimiento, sino también “ir a un juicio”. Esto, porque Juan Pablo Hermosilla insistió en que los hechos imputados “no constituyen un delito, porque él no es funcionario público. Por lo tanto, se trata de una discusión jurídica que puede ser revisada en un juicio”.

El defensor apuntó a que las gestiones hechas por su hermano son trabajos propios de un abogado.

¿La defensa está equivocada?

Tal como lo planteó la abogada Marta Herrera, ex directora de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, este tipo de argumento es una estrategia antigua. “Lo han usado figuras como el exejecutivo de Codelco Juan Pablo Dávila y la ex parlamentaria Laura Soto. Ambos sin mayor éxito, pues, a diferencia del ámbito administrativo, para efectos penales son funcionarios públicos quienes ejercen una función pública”.

Y como Luis Hermosilla prestaba servicios como asesor del Ministerio del Interior, “en términos penales, era funcionario público. La Corte Suprema ha sido consistente en esta discusión. Es un debate ya zanjado jurisprudencialmente”.

Así lo consideró también la jueza Herrera, que determinó procesar a Hermosilla y dar un plazo de 120 días para la investigación del caso.

Eso no es todo para los Hermosilla. El próximo lunes, la Fiscalía Metropolitana Oriente lo reformalizará -y ampliará los cargos en su contra- por el delito de soborno en el caso Audio.