Gobierno propone aplazar reavalúo de propiedades hasta 2027

El Ejecutivo pedirá al Congreso que el próximo reavalúo de bienes raíces no agrícolas se postergue un año. Eso permitirá perfeccionar las metodologías de cálculo y abrirá un proceso de diálogo con municipios y contribuyentes.

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Por Cristián Carrión
Actualizado el 21 de julio de 2025 - 9:17 pm

“Se posterga por un año la entrada de los nuevos avalúos”, informó el ministro Mario Marcel. Foto: WHATSAPP

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, anunció este lunes que el Ejecutivo pedirá al Congreso aplazar un año el reavalúo de bienes raíces no agrícolas. Programado originalmente para enero de 2026, se postergaría hasta el 1 de enero de 2027.

El nuevo plazo busca abordar las críticas surgidas en torno al alza de las contribuciones y las metodologías utilizadas para determinar los avalúos fiscales.

La iniciativa formará parte del proyecto de ley Pro Pyme, ingresado a la Cámara de Diputados en el contexto de la reforma tributaria. Marcel explicó que la medida busca responder a los cuestionamientos al sistema de contribuciones.

“Se posterga por un año la entrada de los nuevos avalúos”, indicó el ministro. Y recalcó que el objetivo es optimizar los mecanismos de cálculo y dar más legitimidad al proceso.

Revisión técnica y participación

Así, el Servicio de Impuestos Internos, encargado de los reavalúos masivos, tendrá un plazo adicional para mejorar sus procedimientos. La autoridad explicó que la postergación permitirá incorporar observaciones de distintos actores. “Tendremos toda la retroalimentación necesaria de municipios, contribuyentes y otros sectores, lo que nos dará la oportunidad de fortalecer la legitimidad del nuevo avalúo”, señaló.

Con la finalidad de asegurar que el próximo proceso de reavalúo sea transparente y técnicamente sólido, el gobierno instalará mesas de trabajo. Serán lideradas por el Servicio de Impuestos Internos y buscarán construir consensos sobre las metodologías y criterios utilizados.

Esto permitirá que las futuras contribuciones se basen en parámetros claros, comprensibles y justos para la ciudadanía.