Corte internacional condena a Chile por caso de radio expropiada
El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabiliza al Estado por no garantizar reparación efectiva a víctimas de la confiscación de radio La Voz del Sur, durante la dictadura militar, tras años de inacción judicial.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia condenatoria contra Chile por violar derechos fundamentales de seis ciudadanos, a raíz de la expropiación de la emisora La Voz del Sur, de Punta Arenas en 1975.
Según el fallo, el Estado no ofreció garantías judiciales ni protección efectiva al impedir que las víctimas accedieran a una reparación adecuada debido al cómputo rígido de la prescripción legal, ignorando las circunstancias del caso y el contexto represivo de la época.
Reparación tardía y reconocimiento internacional
Entre las medidas ordenadas por la Corte IDH se incluyen un acto público de reconocimiento de responsabilidad y la obligación de aplicar el control de convencionalidad, exigiendo que los tribunales nacionales adapten sus decisiones a los tratados internacionales de derechos humanos, sobre todo en casos relacionados con dictaduras.
El caso fue impulsado por Mario Galetovic Sapunar y otros, con una denuncia presentada en 2004 ante la Comisión Interamericana. La falta de respuesta efectiva del Estado llevó a que el caso recién llegara a la Corte en 2022, lo que demoró 17 años. El proceso incluyó audiencias públicas, excepciones preliminares del Estado y la presentación de peritajes.
Víctimas con décadas esperando justicia
El tribunal reconoció como víctimas a Galetovic y otros cinco ciudadanos, afectados por la incautación forzosa de la emisora durante el régimen militar. La Corte señaló con preocupación la lentitud del proceso, considerando la avanzada edad de los únicos sobrevivientes, y remarcó la obligación del Estado de no escudarse en tecnicismos legales cuando están en juego derechos humanos fundamentales.
Las compensaciones incluyen 145.500.000 pesos para Mario Galetovic y Daniel Ruiz, y 97 millones para los demás socios afectados, marcando un precedente en la protección de derechos en contextos de dictadura.
Corte exige cambios estructurales en justicia chilena
El fallo llama a revisar el tratamiento de la prescripción en causas vinculadas a violaciones de derechos humanos, enfatizando que no deben ser tratadas como litigios ordinarios. Además, obliga a Chile a garantizar el acceso real a recursos judiciales, sin trabas ni dilaciones, y adaptar la legislación interna para que nunca más hechos de esta naturaleza queden impunes por falta de voluntad política o legal formalismo.
