Contraloría alerta fallas contables por 17 mil millones de dólares
El ente fiscalizador detectó graves debilidades contables en ministerios y municipios entre 2020 y 2024, con Defensa y Vivienda liderando los montos observados.
Una señal de alerta encendió la Contraloría General de la República tras revisar los estados financieros de 73 entidades públicas del país. El análisis, que abarca el período 2020-2024, reveló un escenario de alta fragilidad contable, con observaciones que superan los 17 mil millones de dólares y que llevaron al organismo a emitir una “abstención de opinión” sobre la información financiera presentada.
Del total de entidades examinadas, 50 corresponden al gobierno central y 23 al ámbito municipal, evidenciando que las debilidades se extienden de manera transversal en el sector público.
Controles débiles y registros inconsistentes
El informe advierte la existencia de “controles débiles o inexistentes” y de “registros contables con inconsistencias que no fueron aclaradas”, situaciones que, según la Contraloría, impiden garantizar la confiabilidad de los datos financieros.
El organismo subrayó que estas falencias afectan la toma de decisiones estratégicas, dañan la reputación institucional y exponen riesgos de gestión deficiente, errores e incluso eventuales fraudes.
Defensa y Vivienda concentran las mayores cifras
Entre los organismos con mayores montos observados, el Ministerio de Defensa encabeza el listado con US$4.568 millones, seguido por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con US$1.870 millones. Más atrás aparece el Ministerio del Interior, con US$1.753 millones cuestionados por el ente fiscalizador.
En el nivel local, la Contraloría detectó observaciones por un total de US$1.605 millones en distintas municipalidades del país, reforzando la preocupación por la falta de estándares homogéneos en la administración financiera.
El informe también detalla que en el 66% de los estados financieros revisados no existe un adecuado “análisis de montos”, además de advertir “falta de recuperación y gestión de cobro”, elementos clave para una administración responsable de los recursos públicos.
