Ex director de la PDI recibe condena con libertad vigilada
Sergio Muñoz fue sentenciado a tres años y un día de presidio, además de una multa, por filtrar información reservada en el caso Hermosilla.
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago condenó al ex director de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, a tres años y un día de presidio, con el beneficio de libertad vigilada intensiva, por delitos reiterados de revelación de secretos, en el marco del denominado caso Hermosilla.
La sentencia, dictada tras un procedimiento abreviado, incluye también una multa de 12 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), pagaderas en 10 cuotas. Al ex jefe policial se le descontaron 414 días ya cumplidos en prisión preventiva.
Filtraciones a un abogado influyente
Muñoz aceptó los cargos en su contra, confirmando que filtró información reservada de cinco causas penales al abogado Luis Hermosilla, quien mantenía una estrecha relación con él. Gracias al procedimiento abreviado, el ex director de la PDI evitó enfrentar un juicio oral.
Su defensor, Juan Carlos Manríquez, aseguró que “el procedimiento abreviado es una solución justa y razonable. Desde un principio, Muñoz reconoció los hechos, sin faltar a la verdad, y admitió haber cometido un grave error en su carrera profesional”.
Mensajes y causas de alto perfil
El ex director está vinculado a 12 filtraciones que involucraban investigaciones de alto impacto, entre ellas las causas contra su antecesor Héctor Espinosa, Dominga, Enjoy, y los casos de los ex alcaldes Raúl Torrealba y Felipe Guevara.
La Fiscalía Oriente reveló que, apenas 13 días después de asumir su cargo en junio de 2021, Muñoz comenzó a entregar antecedentes reservados a Hermosilla. Durante la investigación, se registraron más de 510 mensajes entre ambos, muchos relacionados con causas de alto perfil vinculadas a autoridades del gobierno de Sebastián Piñera.
El 15 de marzo de 2024, Sergio Muñoz presentó su renuncia tras ser formalmente acusado. La condena impuesta este viernes lo mantiene bajo supervisión, sin ingresar a la cárcel, mientras organizaciones civiles y expertos cuestionan el alcance de las sanciones en este emblemático caso de filtraciones.
