Ataque en Rucalhue: Gobierno invoca Ley Antiterrorista

El Estado se querellará por atentado que dejó dos heridos graves y maquinaria destruida en la Región del Biobío. Ministro Luis Cordero anunció además acción judicial por hechos similares en Contulmo.

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Por Cristián Carrión
Actualizado el 20 de abril de 2025 - 3:52 pm

Cerca de 40 camiones quedaron destruidos / Foto: CAPTURA DE VIDEO

Durante la madrugada del domingo, un grupo armado perpetró un violento atentado en las instalaciones en construcción de la central hidroeléctrica Rucalhue, en la comuna de Quilaco, Región del Biobío. El ataque dejó dos guardias con lesiones de gravedad y provocó la destrucción de al menos 40 camiones y maquinaria de alto tonelaje.

Ante la gravedad del hecho, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, confirmó que el Gobierno presentará una querella por Ley Antiterrorista contra quienes resulten responsables, dada la magnitud del ataque, la forma de ejecución y los mensajes reivindicatorios encontrados en el lugar.

Querella también por ataque en Contulmo

El ministro informó que el Estado también interpondrá una acción judicial por Ley Antiterrorista en relación con el atentado registrado el pasado 7 de abril en Contulmo, donde fueron incendiadas dos viviendas y un galpón. La Resistencia Mapuche Lafkenche (RML) se adjudicó esta acción.

“Lo que corresponde en circunstancias como éstas es aplicar todas las herramientas que otorga el Estado de Derecho”, subrayó la autoridad, reforzando el mensaje del Ejecutivo sobre el uso del marco legal más estricto en casos de violencia extrema en la Macrozona Sur.

Daño a los espacios de diálogo

El ministro Cordero señaló que este tipo de ataques no sólo afecta a la infraestructura ni a las personas directamente involucradas, sino también “a quienes apuestan por el diálogo como camino para resolver el conflicto en la zona sur del país”.

Recalcó que la gravedad de los hechos requiere respuestas institucionales contundentes para resguardar la seguridad y restablecer la paz en territorios afectados por hechos de violencia rural sostenida.