Corte autoriza proceso contra ex juez Poblete por espionaje
El ex ministro de la Corte de Apelaciones es investigado por interceptar llamadas de quienes denunciaron millonarios fraudes dentro del Ejército, bajo el marco de la Operación Topógrafo.
El ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Antonio Poblete / Foto: ARCHIVO
La Corte de Apelaciones de Santiago admitió una querella de capítulos en contra de Juan Antonio Poblete, ex ministro del tribunal de alzada, en una decisión que marca un nuevo avance en la investigación por interceptaciones telefónicas a denunciantes de corrupción al interior del Ejército.
La medida fue adoptada por la Sexta Sala del tribunal, la cual concluyó que existen antecedentes que cumplen con los requisitos de “seriedad, gravedad y plausibilidad suficiente” para continuar el proceso judicial.
El caso está vinculado directamente a la denominada Operación Topógrafo, una trama de espionaje desarrollada entre 2016 y 2018, cuando Poblete habría ordenado intervenciones telefónicas que, según la acusación, fueron justificadas con argumentos legales falsos. De esta forma, se habrían espiado a personas que colaboraban con la justicia para destapar irregularidades financieras dentro de las Fuerzas Armadas.
Interceptaciones habrían sido encubiertas
La querella sostiene que Poblete autorizó monitoreos reiterados a través de compañías de telecomunicaciones, presentando oficios que simulaban cumplir los requisitos legales. Sin embargo, las escuchas afectaban a terceros sin relación con las causas invocadas.
En concreto, se le acusa de haber impulsado acciones ajenas a la legalidad, utilizando su cargo para vulnerar derechos fundamentales con fines que no estaban amparados por la ley.
El fallo del tribunal detalla que las pruebas presentadas en la querella permiten establecer que hay mérito suficiente para avanzar en el proceso, aunque será el juicio el que determinará la responsabilidad penal del ex magistrado.
Defensa alega prescripción
La defensa de Juan Antonio Poblete solicitó que se desestimara la querella por supuesta prescripción de los hechos, sin desconocer su participación en la redacción de los documentos que autorizaron las interceptaciones.
De acuerdo con el expediente, dichos oficios permitieron la grabación de múltiples comunicaciones móviles a través de redes públicas, configurando los delitos imputados.
El Ministerio Público cerró formalmente la investigación el pasado 14 de enero y confirmó que presentará acusación en contra del ex ministro, remitiendo los antecedentes al tribunal de alzada para su revisión y posterior enjuiciamiento. La causa se enmarca dentro de una de las aristas más delicadas del Caso Fraude en el Ejército.
