Otro político que cae: diputado va a la cárcel por fraude al Fisco
El Juzgado de Garantía de Temuco decidió decretar la prisión preventiva para el desaforado parlamentario Mauricio Ojeda, quien es investigado por su vínculo con el caso Convenios.
El diputado Ojeda va a prisión preventiva / Foto: ARCHIVO ATON
Este viernes, el Juzgado de Garantía de Temuco resolvió la prisión preventiva para el diputado Mauricio Ojeda. Al parlamentario se le investiga por fraude al Fisco en el caso Convenios.
El político postuló como independiente, pero es cercano al Partido Republicano.
Tendría participación en el desvío de más de 730 millones de pesos, provenientes del Gobierno Regional de La Araucanía, a las fundaciones Folab y Educc.
Imputación de delitos y justificación judicial
La jueza encargada del caso afirmó que el parlamentario participó en el fraude, beneficiándose del desvío de fondos públicos.
Según la resolución, el diputado actuó de manera reiterada en este tipo de delitos. Y fue parte integral de la operación que afectó al erario público de la región.
“Se acoge la solicitud del Ministerio Público. Y, en consecuencia, se decreta la prisión preventiva del imputado Mauricio Antonio Ojeda Rebolledo”, apuntó la jueza durante la audiencia. Acto seguido, ordenó su ingreso inmediato al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco o el establecimiento que Gendarmería determine.
Petición de tratamiento especial por su rol público
En cuanto a las condiciones de reclusión del parlamentario, la defensa solicitó que, dada la alta connotación pública del caso y el rol de Ojeda como diputado, se le asigne un lugar de detención especial.
En particular, pidió que fuera ingresado al anexo Capitán Yáber, módulo destinado a internos de alta peligrosidad o con relevancia en el ámbito político. Gendarmería evaluará la solicitud.
Además, se estableció un plazo de 30 días para el cierre de la investigación, lo que permitirá esclarecer la magnitud total de su participación en el fraude y avanzar en el proceso judicial.
Montos malversados
El caso Convenios generó gran conmoción en la región, debido al presunto desvío de recursos destinados a programas de desarrollo social en La Araucanía.
El monto total involucrado asciende a más de 730 millones, que, según las investigaciones, habrían sido malversados a través de contratos y convenios entre el gobierno regional y las fundaciones involucradas, algunas de las cuales tienen vínculos con personas cercanas al entorno político de la región.
La acusación de fraude al Fisco, tanto en su modalidad reiterada como frustrada, puso en evidencia un presunto esquema de corrupción que involucra a figuras de alto perfil. Esto llevó a la Fiscalía a solicitar medidas cautelares para los imputados.
