Plebiscito constitucional: el día después de mañana

Tal vez los y las convencionales olvidaron que el encargo consistía en redactar una nueva Constitución que interpretara a las grandes mayorías, las que lamentablemente hoy parecen ser más conservadoras que ciertas élites. Más aún, son ciudadanas y ciudadanos que profesan un profundo temor a los grandes cambios, bastante ensimismados e individualistas, muy susceptibles al veneno de las redes sociales y de los rostros de TV.

No entiendo cómo celebran el que no tendrán más derechos, preguntó un joven. Curioso, es cierto, si la mayoría de los celebrantes no pertenece al grupo de aquellos que forjaron el triunfo del Rechazo con una gran inversión de dinero que les ha permitido asegurarse que no tendrán que pagar más impuestos, que las AFP seguirán administrando los fondos previsionales de los trabajadores, con pingües ganancias para sus accionistas y pensiones de hambre para los cotizantes, y que las Isapres no sólo no quebrarán, sino que continuarán cobrando altas sumas por planes de salud deficientes, que reajustan a su conveniencia cada cierto tiempo, a cambio de atención privada que exige altos copagos.

Lo invertido en la gran campaña de marketing político implementada durante más de un año, en todo caso, es una minucia para las fortunas que poseen los millonarios del país, considerando que estaba en juego el modelo que les garantiza sostener sus ganancias y privilegios. Además, el costo lo pagarán los pobres, porque las grandes empresas dueñas de casi todo, incluidos los supermercados, las tiendas del retail, las pesqueras, las eléctricas, la ganadería, la agricultura, los bancos, las madereras, la construcción y el transporte, trasladarán a precios al consumidor el dinero gastado en proteger sus privilegios.

Así, los que votaron Rechazo para defender que se respete la bandera, que no se cambie el himno nacional, que no termine la libertad de culto y que puedan dejar de herencia sus fondos de las AFP –mismos que se acaban antes que los jubilados pobres alcancen a morirse–, financiarán el entramado de fake news, tergiversaciones, medias verdades y campaña del miedo que se difundió con profusión por la mayor parte de los medios de comunicación (en manos de los mismos dueños de todo lo demás). Nunca la propuesta de Constitución contempló cambiar la bandera, el himno, las tradiciones del campo; tampoco privatizar los fondos previsionales, promover el aborto hasta los nueve meses de gestación y quitarles la vivienda a quienes la adquirieron con subsidio estatal. Pero la verdad fue lo de menos en esta batalla.

Sí, esos que no quieren por ningún motivo sistemas de justicia diferenciado en materias no penales para los pueblos originarios, pero que enfrentados a un conflicto legal son siempre víctimas de un sistema judicial clasista, con una balanza siempre cargada hacia los poderosos y a los que se pueden pagar defensas costosas, celebraron emocionados el domingo 4 de septiembre. Lo de plurinacional parece que era peligroso, comentó una empleada de limpieza de un edificio.

Entonces, es válido preguntarse por qué la mayoría –casi 62% de los votantes– están celebrando que todo seguirá igual, que no habrá Estado democrático social de derechos, que no se protegerá a la naturaleza y el medioambiente de la voracidad extractivista de corto plazo, que el agua ya no será bien público y, por lo tanto, continuará en manos privadas. Lo único cierto es que el resultado implica que sigue vigente la Constitución de 1980 y seguirá vigente quién sabe por cuánto tiempo más, porque las promesas de un nuevo proceso igual de participativo y democrático se diluirán en las fauces de las ambiciones de políticos y politiqueros que nunca estuvieron convencidos del proceso. Y se amañará un texto entre los mismos de siempre, de manera silenciosa y con un plazo breve, para que nada cambie mucho.

Pero los políticos de siempre, los multimillonarios, la derecha ultraconservadora y los medios de comunicación no son los únicos responsables de la debacle. Porque el derecho a la salud, la educación, la vivienda y una pensión digna simplemente se esfumaron en medio de un texto que contenía frases poco claras, que daba cuenta de demasiados proyectos personales de quienes lo crearon y que, quizá de manera voluntarista, plasmaron allí sus intereses y visiones de país, sus personales prioridades y sus propias aspiraciones, por loables que éstas pudieran ser. Con las excepciones correspondientes, por supuesto.

Todo ello en un contexto de post pandemia, con crisis económica internacional y un gobierno entrante proclive a apoyar y aprobar el resultado del proceso constitucional, pero con déficit de experiencia y manejo político, amén de sus serios fallos comunicacionales. La relación proceso constituyente/gobierno no fue una alianza positiva para ninguna de las dos partes.

Tal vez los y las convencionales olvidaron que el encargo consistía en redactar una nueva Constitución que interpretara a las grandes mayorías, las que lamentablemente hoy parecen ser más conservadoras que ciertas élites. Más aún, son ciudadanas y ciudadanos que profesan un profundo temor a los grandes cambios, bastante ensimismados e individualistas, muy susceptibles al veneno de las redes sociales y de los rostros de TV. Tampoco recordaron que las formas son parte del fondo, y se permitieron desplantes y desmadres que dieron pie a la temprana campaña de desprestigio que inició la derecha. En buenas cuentas, demostraron conocer poco a esa ciudadanía a la que decían representar y que, hace casi dos años, los eligió con tantas esperanzas.

Una gran oportunidad perdida, sin duda.