Ratifican absolución de Juan Miguel Fuente-Alba
La Segunda Sala de la Corte Suprema concluyó que no se probó el ocultamiento exigido para configurar lavado de activos de parte del ex comandante en jefe del Ejército.
Juan Miguel Fuente-Alba, de 72 años, estuvo al mando del Ejército entre 2010 y 2014. Foto: ARCHIVO
La Corte Suprema puso fin a la arista por lavado de activos en contra de Juan Miguel Fuente-Alba, ex comandante en jefe del Ejército.
El máximo tribunal del país confirmó la sentencia absolutoria dictada por el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, de agosto de 2024.
Por cuatro votos contra uno, la Segunda Sala rechazó los recursos de nulidad que presentaron la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado.
Las entidades buscaban invalidar el fallo, que también involucra a la esposa del general, Anita Pinochet Ribbeck. Con la resolución, el máximo tribunal dio por cerrada la persecución penal en esta causa específica.
En su análisis, la Corte sostuvo que durante el juicio se acreditaron hechos vinculados al delito base de malversación de caudales públicos. Sin embargo, no se demostró que hubiese maniobras concretas de ocultamiento o disimulación de fondos, elemento indispensable para configurar el delito de lavado de activos.
¿Y los gastos reservados?
Según el fallo, los movimientos financieros irregulares o reportes de operaciones sospechosas no resultaron suficientes para sustentar una condena penal.
El tribunal descartó que las juezas del juicio oral hayan exigido requisitos ajenos a la ley. Por el contrario, validó que la explicación de las fases del lavado de activos (colocación, estratificación e integración) se utilizara solo con fines ilustrativos, sin imponerlas de forma copulativa como condición para condenar.
La decisión contó con el voto disidente del abogado integrante Juan Carlos Ferrada, quien estuvo por acoger los recursos y ordenar un nuevo juicio. Estima que se estableció un estándar probatorio excesivo para acreditar el delito.
Pese a este cierre, el pronunciamiento no afecta otras investigaciones en curso en la jurisdicción militar. En ese ámbito se indaga un perjuicio fiscal cercano a los tres mil millones de pesos por el uso de gastos reservados durante su gestión.
