El Vaticano anula sanciones contra Felipe Berríos
La Santa Sede acogió la apelación del sacerdote y descartó su expulsión, por no alcanzar el estándar de “certeza moral” exigido en el derecho canónico.
La decisión devuelve a Felipe Berríos al sacerdocio. Foto: ARCHIVO
El Vaticano resolvió favorablemente la apelación que presentó Felipe Berríos y anuló completamente las medidas disciplinarias impuestas en su contra. Según la comunicación oficial, “no se logró la certeza moral suficiente sobre los delitos denunciados”.
De tal forma, queda sin efecto su expulsión de la Compañía de Jesús y la prohibición de realizar actos públicos de ministerio.
La resolución marca un giro del procedimiento iniciado en 2022 y que en 2024 había concluido con sanciones basadas en la “verosimilitud” de los antecedentes. El estándar de “certeza moral”, clave en el derecho canónico, exige pruebas de alta solidez y un umbral superior a indicios o testimonios preliminares.
Un sacerdote influyente
Berríos, de 70 años, reconocido por su labor social, su liderazgo y su rol en debates públicos fue una figura gravitante para la izquierda chilena. Su caso surgió en 2022, luego de denuncias por “hechos de connotación sexual” contra siete mujeres, algunas menores al momento de los supuestos episodios. El sacerdote negó siempre las acusaciones, calificándolas de “falsas” y “orquestadas”.
Las causas avanzaron en simultáneo en tribunales civiles y eclesiásticos. La Corte de Apelaciones sobreseyó definitivamente las investigaciones penales hace unos días. En paralelo, Roma revisó la apelación presentada en junio de 2024 y, este martes determinó dejar sin efecto las sanciones. Constató falta de “garantías mínimas de debido proceso” e insuficiencia probatoria.
La decisión abrió una nueva disputa interna. Cercanos a Berríos valoraron la determinación como una “vindicación”, mientras que agrupaciones de apoyo a víctimas la consideraron un retroceso para la transparencia eclesiástica.
En tanto, la Compañía de Jesús acató el fallo sin mayores comentarios. La postura generó debate en sectores ultraconservadores, que esperaban “una revisión más profunda” de los procedimientos.
