Tribunal niega cárcel a imputados por corrupción en Arica
Ocho acusados ligados a la Seremi de Bienes Nacionales quedaron con arraigo y firma periódica tras una extensa audiencia. Fiscalía evalúa apelar.
El Juzgado de Garantía de Arica resolvió rechazar la solicitud de prisión preventiva presentada por la Fiscalía contra ocho imputados investigados por presuntos delitos de corrupción en la Seremi de Bienes Nacionales de Arica y Parinacota.
La audiencia, que se prolongó por casi 12 horas, concluyó con la imposición de medidas cautelares de arraigo nacional y firma periódica.
Delitos acreditados y cargos descartados
De acuerdo con la resolución, se acreditaron indicios iniciales de cohecho y soborno, aunque no prosperó la imputación de asociación ilícita, figura que había sostenido el Ministerio Público. Esta diferencia fue clave para que el tribunal considerara desproporcionada la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía.
El caso surgió tras un operativo de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI el pasado 3 de septiembre, que terminó con diez detenidos: cinco funcionarios públicos y cinco particulares.
Según la indagatoria, los imputados habrían recibido sobornos para agilizar trámites y facilitar información reservada relacionada con terrenos fiscales en la región.
Próximos pasos del proceso
La Fiscalía lamentó la decisión y aseguró que revisará los antecedentes para presentar un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Arica, buscando revertir el fallo y endurecer las medidas cautelares. Mientras tanto, los imputados deberán cumplir con las restricciones impuestas mientras avanza la investigación.
El caso ha generado repercusiones políticas en la Región de Arica y Parinacota, donde diversas autoridades y parlamentarios han solicitado transparencia absoluta en el proceso, advirtiendo que los hechos investigados afectan la confianza ciudadana en los organismos públicos.
Desde el nivel central, se pidió reforzar los controles internos en la Seremi de Bienes Nacionales, con el objetivo de prevenir nuevas irregularidades en la gestión de terrenos fiscales.
