Uruguay aprueba la eutanasia y marca un hito en América
El Senado uruguayo respaldó la ley de Muerte Digna con amplio consenso político, transformando al país en el tercero del continente en permitir la eutanasia activa bajo estrictas condiciones médicas y éticas.
Uruguay es el tercer país americano en aprobar la ley / Foto (referencial): ARCHIVO
Uruguay se convirtió en el tercer país de América en legalizar la eutanasia activa, tras una histórica sesión del Senado que aprobó la denominada Ley de Muerte Digna. La norma fue respaldada por senadores del oficialismo y de la oposición, luego de más de diez horas de debate que marcaron un precedente en la región.
La iniciativa reconoce el derecho de los adultos psíquicamente aptos a decidir interrumpir su vida cuando enfrentan enfermedades terminales, incurables o que les provocan sufrimientos imposibles de sobrellevar. El texto garantiza “transcurrir dignamente el proceso de morir”, depositando la confianza en los equipos médicos y respetando la autonomía del paciente.
Un modelo basado en Europa
El proceso adoptado por Uruguay se inspira en las legislaciones de Bélgica y Países Bajos, pioneros en materia de eutanasia desde 2002. Con esta aprobación, el país se suma a Colombia y Canadá como los únicos del continente que permiten la práctica de manera regulada.
Colombia fue el primero en despenalizarla en 1997 por fallo judicial, mientras que Canadá la incorporó a su legislación en 2016. En ambos casos, el acceso se amplió a pacientes con enfermedades graves e incurables, con cifras que aumentan año a año según sus autoridades sanitarias.
Garantías y supervisión
La ley uruguaya será reglamentada en un plazo máximo de 180 días por el Poder Ejecutivo. Posteriormente, se conformará una Comisión Honoraria de Revisión, integrada por representantes del Ministerio de Salud Pública, el Colegio Médico, la Universidad de la República y la Institución Nacional de Derechos Humanos. Este organismo evaluará los procedimientos realizados y emitirá informes anuales ante el Parlamento.
“Un derecho, no una obligación”
Durante la discusión legislativa, el senador Daniel Borbonet, del Frente Amplio, destacó que la norma “no impone conductas, sino que garantiza la libertad individual para decidir sobre el final de la vida”. A su vez, el senador colorado Ope Pasquet calificó la aprobación como “una ley necesaria, liberal y profundamente humanitaria”, aludiendo a quienes “buscan no prolongar el sufrimiento hasta el final”.
Con esta decisión, Uruguay consolida su posición de vanguardia en derechos civiles en América Latina, abriendo un nuevo capítulo en el debate ético y social sobre la muerte asistida y la dignidad en el final de la vida.
