Hermosilla demanda a fiscal nacional por filtración de información
El protagonista del caso Audios acusó a Ángel Valencia de revelar datos confidenciales que afectaron su privacidad y el proceso judicial.
Luis Hermosilla y su contraataque judicial / Foto: ARCHIVO AGENCIAUNO
El abogado Luis Hermosilla, figura central del caso Audios, presentó una querella contra el fiscal nacional, Ángel Valencia, por divulgar información confidencial en una entrevista televisiva de abril de 2024.
Según el documento aceptado por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la filtración de que Hermosilla pasó de testigo a imputado en el delito de lavado de activos vulneró la reserva procesal y perjudicó gravemente su privacidad y reputación.
El abogado Juan Pablo Hermosilla Osorio, en representación de su hermano, argumentó que la información revelada “comprometió seriamente los intereses públicos de la investigación” y que la difusión de dichos antecedentes, repetida en diversos medios y redes sociales oficiales, supone un quebranto a las garantías procesales.
Historia de denuncias por filtraciones
La acción legal se suma a otras iniciativas en contra del Ministerio Público. En octubre de 2024, Hermosilla interpuso una querella por filtraciones en la carpeta investigativa. Además de un recurso de protección, rechazado por la Corte de Apelaciones y por la Corte Suprema.
Con esta nueva querella, busca reforzar su defensa frente a lo que considera un ataque a su derecho a un proceso justo y reservado.
La controversia abre un debate sobre la ética y el manejo de información sensible en investigaciones de alto perfil, donde el equilibrio entre transparencia y confidencialidad resulta crucial para el correcto desarrollo judicial.
Impacto en la confianza hacia el Ministerio Público
La querella presentada por Hermosilla también refleja una creciente preocupación sobre la transparencia y manejo interno de información en la Fiscalía Nacional.
Expertos legales advierten que filtraciones como esta pueden dañar la confianza pública en el sistema judicial, afectar la integridad de las investigaciones y poner en riesgo el debido proceso.
La defensa del imputado sostiene que una correcta protección de datos es fundamental para garantizar un juicio imparcial y evitar perjuicios anticipados en casos mediáticos.
