Defensoría Penal exige autonomía para garantizar derechos
Plantean que la independencia constitucional de la Defensoría es clave para equilibrar el sistema judicial y proteger el derecho a defensa sin injerencias.
El Presidente Boric estuvo presente en la Cuenta Pública de la defensora nacional / Foto: PRESIDENCIA
Durante la presentación de su Cuenta Pública Participativa, la defensora nacional, Verónica Encina Vera, hizo un llamado firme a dotar de autonomía constitucional a la Defensoría Penal Pública, como paso imprescindible para fortalecer el equilibrio del sistema de justicia en Chile.
«Han pasado casi 25 años desde la implementación de la reforma procesal penal. Sin embargo, la Defensoría continúa bajo un estatus de dependencia, mientras que en el mundo entero las defensorías han transitado hacia la autonomía plena», señaló Encina frente a autoridades, entre ellas el Presidente Gabriel Boric.
Independencia como garantía del debido proceso
Encina fue clara al explicar que la autonomía no responde a un interés corporativo, sino a una necesidad ciudadana: «Los defensores públicos no pueden responder a intereses del gobierno de turno, ni actuar según lineamientos administrativos o presiones sociales. Su deber es exclusivamente con el representado», sostuvo.
La defensora citó el reciente informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, que respalda la independencia de la Defensoría como único camino para asegurar el derecho a defensa.
Con ese respaldo internacional, Encina anunció la apertura de un proceso interno de diálogo con todos los estamentos de la institución para elaborar una propuesta de autonomía que será presentada al debate público.
Prisión preventiva: cifras que alertan
Otro de los puntos críticos abordados por Encina fue el incremento sostenido del uso de la prisión preventiva, especialmente en mujeres y personas extranjeras.
«En 2024, se impuso esta medida cautelar en más de 25 mil casos, aumentando un 0,5% respecto a 2023», detalló.
El caso más alarmante, según la Defensora, se dio en mujeres extranjeras, con un 17,6% de imposición de prisión preventiva frente a un 4,4% en chilenas.
Encina advirtió que estos indicadores no reflejan la gravedad de los delitos, sino más bien la desventaja procesal por el desarraigo social y familiar, que la judicatura interpreta como factor de riesgo procesal.
Cárcel sin condena: el rostro oculto de la injusticia
Como cierre de su discurso, la autoridad enfatizó las consecuencias irreparables que puede tener una prisión preventiva mal aplicada: «En 2024, un total de 1.874 personas estuvieron privadas de libertad sin haber sido condenadas. Vivieron la prisión sin culpa, sólo para descubrir después que eran inocentes. Esto es una vulneración inaceptable de derechos humanos», concluyó.
La intervención de la defensora nacional deja instalada una preocupación creciente sobre el uso desproporcionado de medidas cautelares y la urgencia de transformar estructuralmente el rol de la Defensoría, asegurando que cumpla su misión sin subordinación política ni administrativa.
