Debaten proyecto que liberaría a presos mayores de 70 años
La propuesta avanza en el Senado y podría beneficiar a condenados por delitos graves, lo que ha generado reparos desde el Gobierno.
Opositores a la idea temen que se beneficien condenados por delitos de lesa humanidad y violadores, entre otros / Foto (referencial): ARCHIVO
La Comisión de Derechos Humanos del Senado aprobó un proyecto impulsado por parlamentarios de Chile Vamos que permitiría reemplazar la cárcel por arresto domiciliario a reos mayores de 70 años o con enfermedades graves, sin distinguir el tipo de delito.
La medida podría alcanzar a condenados por crímenes de lesa humanidad y otros ilícitos de alta gravedad.
Críticas desde el Ejecutivo
La subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, cuestionó que la edad avanzada sea el único criterio para modificar la pena, calificándolo como incompatible con los estándares internacionales.
Sostuvo que además de la salud, se deben considerar el avance en el cumplimiento de la condena, el reconocimiento de los hechos, la conducta del reo y el impacto social de su eventual liberación.
Defensa de los impulsores
El senador Francisco Chahuán, uno de los patrocinadores, defendió que la propuesta busca compatibilizar la justicia con estándares humanitarios, afirmando que no pretende la impunidad.
Sin embargo, opositores advierten que la redacción podría beneficiar directamente a internos de Punta Peuco, condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura.
Datos que marcan el debate
Según cifras oficiales, al 30 de junio había 1.975 reos mayores de 60 años en Chile; 403 cumplen condena por violaciones a los derechos humanos y el resto por delitos como homicidio, parricidio y abuso sexual.
Para el Ejecutivo, cualquier liberación anticipada debe ser analizada caso a caso y con criterios más estrictos que los propuestos.
El debate sobre beneficios carcelarios para personas condenadas por delitos de lesa humanidad ha sido recurrente en Chile desde el retorno a la democracia. En distintas ocasiones, proyectos similares han enfrentado el rechazo de organizaciones de derechos humanos y de familiares de víctimas, quienes sostienen que estas medidas pueden debilitar el principio de justicia y abrir la puerta a la impunidad en casos emblemáticos del pasado reciente.
