Columna de ReneX: Un error electrizante

El error en el cobro de las cuentas eléctricas es mucho más que un simple exceso a corregir en futuras boletas. Se trata de una distorsión profunda que afecta la estructura económica, la confianza institucional y el bienestar de millones de chilenos.

No es sólo un tema tarifario, sino una falla sistémica que ha contaminado los indicadores más sensibles del país. El “alza irregular” en la electricidad, insumo esencial en toda cadena productiva, se trasladó al Índice de Precios al Consumidor.

Ese IPC, que actúa como termómetro de la economía, repercute directamente en la Unidad de Fomento, en reajustes de créditos hipotecarios, arriendos, matrículas, tarifas y pensiones. Cada incremento injustificado en el precio de la energía produjo un reajuste artificial en la UF, generando un encarecimiento acumulativo que afectó a hogares, pymes y trabajadores.

En otras palabras, pagamos más por todo, a causa de un error que no debió ocurrir. Las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) muestran que la electricidad es uno de los componentes que más presionó la inflación durante el último año. Si parte de ese aumento no respondió a fundamentos técnicos, el sesgo se propagó a toda la economía.

Consecuencias reales

Un solo error en la medición del kilowatt puede amplificarse exponencialmente en los precios de bienes y servicios, produciendo un efecto ingreso negativo: la gente se empobrece sin saberlo.

No se trata de un incidente menor. Las empresas eléctricas conocían los parámetros que sustentan las tarifas y, por lo tanto, sabían o debieron saber del sobreprecio. Si lo sabían y callaron, incurrieron en una falta ética grave. Si no lo sabían, demuestran una alarmante incompetencia en la gestión de un servicio público esencial.

En ambos casos, la responsabilidad es ineludible. A esto se suma la falta de reacción oportuna de los organismos fiscalizadores y del propio Estado, que tienen el deber de proteger a los consumidores y garantizar la veracidad de los índices económicos. El daño no es solo monetario. Es moral, institucional y social.

Miles de familias reorganizaron sus presupuestos, las empresas ajustaron costos, los bancos recalcularon cuotas. Y el Estado pagó intereses de deuda indexados a una UF inflada artificialmente. Nada de eso es reversible. La pérdida de poder adquisitivo se convierte en un empobrecimiento ficticio, pero con consecuencias reales.

No se ve, pero se siente

Ante este escenario, el INE y la Comisión Nacional de Energía deben transparentar los datos, recalcular el impacto del error en el IPC y determinar cuánto más pobres fuimos por esta falla. Se requiere una auditoría pública e independiente, retroactiva desde el año 2017, con alta capacidad técnica para estimar el perjuicio agregado y exigir compensaciones proporcionales.

La devolución en las cuentas eléctricas no basta: el efecto multiplicador sobre la economía exige una respuesta integral y responsable. Este no es un simple desliz técnico. Es una fractura de la confianza. Los ciudadanos tienen derecho a saber si fueron defraudados por errores que el Estado no detectó a tiempo.

Porque cuando se manipula -o se descuida- el valor de algo tan básico e imprescindible como la electricidad, lo que realmente se erosiona no es el precio del kilowatt, sino el valor de la verdad y de la fe pública. Porque al final, al igual que la propia electricidad, este error no se ve, pero se siente.