Columna de Pedro Lira: Emergencia del deporte chileno
El 31 de diciembre de 2025, la Política Nacional de Actividad Física y Deportes 2016–2025 terminó su vida útil, aunque no activa.
Jaime Pizarro, otro ministro del Deporte que pasará sin pena ni gloria / Foto: ARCHIVO ATON
La verdad, la Política Nacional de Actividad Física y Deportes 2016–2025 fue muy poco usada por el Ministerio del Deporte, la institución pública que la elaboró en 2015. Su implementación en el último decenio fue trabajada con discontinuidad e irresponsabilidad política por las autoridades de turno de diferente ideología.
Su contenido incluía diagnósticos y propuestas integrales para permitir, en una mirada de largo plazo, trabajar intersectorialmente entre un conjunto de actores las múltiples carencias que existen en Chile en el deporte nacional.
La evaluación de esta herramienta aún no se conoce y, a un mes de asumir José Antonio Kast, no se sabe oficialmente si el gobierno de Gabriel Boric entregará la Política Nacional futura para el período 2026-2037, que se elaboró desde fines de 2023. Una vez más, el ámbito público del deporte no entrega el mejor ejemplo.
En campaña presidencial y ya electo el 14 de diciembre del 2025 como futuro mandatario de Chile, José Antonio Kast mantiene su premisa discursiva. Chile -indica el republicano- deberá enfrentar una profunda emergencia multisectorial. Si así fuese y más allá de estar de acuerdo o en desacuerdo con esa “consigna” política y mediática, el sector deportivo nacional y sus ramales como la educación física, la actividad física, el alto rendimiento, la infraestructura deportiva, las organizaciones del sector, las ciencias y la investigación, recursos humanos y financieros, entre otros, no estarían exentos de esa crisis de emergencia.
Chilenos en movimiento
Como muestra, la futura ministra del Deporte, Natalia Duco Soler, 37 años, sicóloga y ex deportista a partir del 1 de febrero recién pasado, ha preguntado en sus redes sociales cuál es la urgencia más grande del deporte chileno. No se conocen las propuestas que ha recibido, pero Duco aportó una pista que muestra hacia qué tema apuntará su gestión: “Lograr que los 20 millones de habitantes de Chile se muevan”, aludiendo al programa de Kast, quien basándose en datos oficiales objetivos y medibles, da cuenta de los altos niveles de sedentarismo y obesidad que hay en el país.
La necesidad de activar a la población chilena, que tiene ribetes de ser estructural, se ha desarrollado y crecido en los últimos años, cruzando y responsabilizando a todos los gobiernos del color político que sea, unos más, otros menos. Todos cargan y son “dueños” de ese flagelo.
Pandemia de obesidad
Múltiples factores están ligados a la vida inactiva de la población chilena. Entre otros, autoridades deportivas no del todo idóneas, temas legislativos y políticos, bajos presupuestos y cuantiosos recursos públicos dispersos, sin conversar entre ellos, trabajo discontinuo, sin planificación y sin visión de conjunto al interior del sector público y entre éste y el sector privado, especialmente en salud y educación, aislados entre ellos y sin una mirada estratégica de largo plazo.
En este contexto y sin dejar de lado las criticas públicas que ha habido en torno a Natalia Duco por haber sido nombrada ministra del Deporte luego que hace menos de una década fuera sancionada internacionalmente por tres y medio años debido al consumo de una droga prohibida, incluso comercialmente, es esperable, por el buen desarrollo del sector deportivo chileno y de la sociedad chilena en general, que en su gestión sea capaz de lograr avances en mejorar graves indicadores que tiene Chile relacionados con el sedentarismo, el sobrepeso en todos los sectores sociales y etáreos, como también con porcentajes al alza en cuanto obesidad. El programa de Kast habla de 83% de obesos en Chile, y, para el 2025, según el Atlas Mundial de Obesidad, Chile tendrá que financiar la salud de 14.5 millones de personas obesas.
Ante este cuadro cuasi dantesco, al que se debe sumar una fecundidad que en los últimos diez años ha caído en un 41 por ciento, las medidas a implementar tienen que ser planificadas, renovadas, eficaces, inmediatas, integrales, intersectoriales y realizables a partir de consensos políticos que no se han logrado hasta ahora en los últimos 35 años.
Propuesta deportiva de Kast
Ante esta realidad, se parte de la base que Natalia Duco conoce al dedillo los siete temas para el deporte que contiene el programa de José Antonio Kast, a saber:
- Crear el plan Chile en Movimiento.
- Potenciar el buen uso del tiempo libre y la actividad física.
- Escuelas abiertas a la comunidad en las tardes.
- Ciudades con espacios recreativos seguros.
- Subvencionar proyectos que impulsen una vida activa y saludable.
- Flexibilizar el currículo escolar para incluir más ejercicio físico.
- Impulsar parques urbanos.
En este marco de referencia y tomando el ejemplo de positivas políticas deportivas de otros países que han dado saltos cualitativos y cuantitativos al aplicarlas, España nos dice que ellos han puesto en marcha, al menos desde 1987, políticas deportivas con continuidad aunque haya cambios de gobierno. La constante es que hay una política deportiva, aplicable, con múltiples facetas, indicadores y resultados medibles.
Respuesta preocupante
La pregunta del caso es cómo Chile ha aplicado su política deportiva durante su historia institucional reciente. La respuesta al respecto es preocupante. En nuestro país ha habido poca conciencia política y ciudadana de la relevancia y de los beneficios de contar con una política deportiva de larga data.
De hecho, desde el 2001 hasta el presente han habido en Chile tres políticas públicas de actividad física y deportes que se han propuesto por diferentes gobiernos y, en este momento, a poco más de un mes para finalizar el mandato del Presidente Gabriel Boric, se está a la espera de que se entregue a la ciudadanía y a las autoridades del gobierno que viene la Política Nacional del Deporte que se ha trabajado en el último año y medio (desde fines de 2023) para cubrir el período 2026-2037.
Recordemos, entonces, algunos hitos positivos y negativos en la historia de la institucionalidad deportiva chilena en torno a crear, mantener y respetar una política nacional en esta materia.
Política de Ricardo Lagos
La primera política nacional del deporte se construyó en forma participativa poco después de la aprobación de la Ley del Deporte (19.712) en febrero del 2001. En paralelo, se creó Chiledeportes, que reemplazó a la histórica Dirección General de Deportes y Recreación (Digeder), que existía desde 1948. Esa política se hizo con la participación de 800 personas involucradas en el tema, como también expertos en la materia, quienes vivían en ocho de las 13 regiones existentes en Chile en ese momento.
La autoridad máxima del deporte nacional era entonces el ingeniero y entrenador de fútbol Arturo Salah. Lo cierto es que esa política tuvo un grave traspié. Se elaboró, pero no se puso en práctica. Salah duró dos años en el cargo, se cansó de las presiones políticas y decidió volver a los camarines.
A Salah lo reemplazó el pedagogo en historia, el radical Ernesto Velasco, a quien, paradojalmente, aunque la nueva Ley del Deporte planteaba la necesidad de contar con políticas públicas de largo alcance, como subsecretario no las priorizó y se dedicó más a viajar en ese cargo por todo Chile, logrado finalmente ser elegido presidente nacional del Partido Radical.
La ceguera cortoplacista de Velasco impidió que este instrumento tuviese un correspondiente plan estratégico, herramienta esencial de planificación para poner en práctica las ideas contenidas. Así los hechos, la Política Nacional del 2001 “murió” en el intento y fue forzosamente evaluada en 2015, a 14 años de su redacción e incompleta implementación.
Política de Sebastián Piñera
La segunda Política Nacional se elaboró en 2013, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, siendo Gabriel Ruiz-Tagle, empresario y dirigente deportivo del fútbol, el primer ministro del Deporte de Chile. Su cargo como ministro duró siete meses, desde la fecha de creación del ministerio, en agosto del 2013, hasta marzo de 2014, cuando asumió su segundo mandato Michelle Bachelet.
Como parte de ese proceso y siendo la Política Nacional del Deporte uno de los pilares del nuevo ministerio, Ruiz-Tagle convocó a un grupo de expertos que coordinó Jorge Silva, mano derecha de Ruiz-Tagle en materia deportiva. Ese texto, denominado Chile 10 Política Nacional de Deportes y Actividad Física 2014-2023, tuvo poca divulgación y repercusión.
Política de Michelle Bachelet
La tercera Política Nacional de Actividad Física y Deporte se presentó al país en 2016 y tuvo, al menos, una vigencia teórica de diez años, hasta diciembre de 2025. La sucesora de Gabriel Ruiz-Tagle en el cargo fue la sicóloga Natalia Riffo Alonso. Ella logró recursos especiales desde el Ministerio de Hacienda y se le encargó a la División de Política del Mindep la construcción de este instrumento.
Durante un año, se recorrieron las 15 regiones del Chile de entonces, se organizaron más de 200 diálogos ciudadanos y técnicos, tomaron parte más de 17 mil personas desde Arica a Puerto Williams en ese proceso y, en definitiva, en 2016 la Presidenta Bachelet le entregó al país la Política Nacional de Actividad Física y Deporte. Esta versión contó con un Plan Estratégico, encargado a la consultora internacional Deloitte.
Priorizar el deporte social
Los ciudadanos participantes, los expertos en la materia deportiva y las autoridades políticas centrales y regionales que participaron en la elaboración de la Política Nacional del Deporte 2016-2025 tomaron la decisión estratégica de priorizar el deporte social o comunitario, sin ir necesariamente en desmedro de la representación internacional del deporte chileno.
Lo hicieron a sabiendas que en Chile había un conjunto de factores que redundaban en que la mayoría de la población no contaba con las facilidades para realizar actividad física, siendo ese uno de los focos que explicaban el porqué un 80 por ciento de la población era sedentaria e inactiva físicamente.
Algunos de esos factores fue que las organizaciones deportivas barriales eran muchas en Chile (cerca de 20 mil), pero la mayoría eran débiles en su gestión, lo cual derivaba en que les era muy complejo mantenerse; tomaron en cuenta también que los espacios físicos barriales en todo Chile eran muy pocos y estaban muy descuidados; y tuvieron muy presente que la educación física, especialmente la pública, era deficiente porque no todas las escuelas contaban con profesionales de la materia y tampoco contaban con los espacios físicos para realizar la actividad correspondiente.
El intento de poner en práctica la Política Nacional del Deporte 2016-2025 volvió a fallar. Esta vez no por carecer de plan estratégico, sino porque no hubo voluntad política para su desarrollo.
Los hechos hablan por sí solos
En el segundo gobierno de Sebastián Piñera, las dos ministras del Deporte, Paulinne Kantor Pupkin (2018-2019) y Cecilia Pérez Jara (2019-2022), nunca pusieron en práctica la Política Nacional del Deporte.
Lo paradojal es que todas las resoluciones y decretos de temas deportivos que firmaban tanto el presidente de Chile como sus ministras y seremis, en sus considerandos nombraban la existencia de la Política Nacional.
Su no puesta en marcha se puede comprobar, entre otros, por dos hechos sintomáticos: primero, la Política fue entregada a la ciudadanía junto con el Decreto Presidencial N° 31 firmado por Michelle Bachelet, mediante el cual se instauraba la Mesa Intersectorial para el Deporte, entre otros, con los ministerios de Educación, Salud, Vivienda y Urbanismo, Desarrollo Social y Trabajo. Sin embargo, la historia de esta Mesa da cuenta que sólo se reunió en una ocasión. Renunciada Natalia Riffo, la siguió en el cargo el ex atleta Pablo Squella Serrano, quien justamente encabezó esa primera reunión a pocos meses de terminar el período presidencial en marzo de 2018.
Segundo, la Política Nacional 2016-2025 también consideraba que su trabajo debía evaluarse al quinto año, es decir, en el 2021, evaluación que nunca se concretó en ese primer quinquenio.
Las autoridades deportivas de Sebastián Piñera, en cambio, priorizaron la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos del 2023, que inicialmente tuvo un modesto presupuesto de 270 millones de dólares, costando finalmente 650 millones de moneda estadounidense. El deporte social claramente no era primera prioridad.
En paralelo, el sedentarismo se mantenía en altos estándares, cercanos al 80 por ciento, que se demostraba en las Encuestas de Actividad Física encargadas por el Mindep y en las encuestas nacionales de salud, responsabilidad del Minsal. En cuanto la obesidad, ésta aparecía en las estadísticas, pero ese flagelo no concitaba aún la preocupación que tiene en el presente.
Hechos insólitos
En 2022 asumió Gabriel Boric. Su programa de gobierno incluía 25 propuestas sobre deporte, prácticas corporales y recreación. Una de ellas, la séptima, indica que se “actualizará la Política Nacional de Actividad Física y Deporte”.
Los hechos objetivos indican que el Mindep y el IND estaban tan ocupados en los Juegos de Santiago 2023, que la actualización y construcción de la nueva Política para el decenio siguiente se comenzó a desarrollar justamente en noviembre de ese año. Como parte de este proceso se hizo la evaluación no efectuada en 2021. Lo insólito es que el resultado de esa evaluación no se conoce públicamente.
En la construcción de la nueva Política del Deporte 2026-2037, el Mindep puso cerca de 700 millones de pesos, contrató los servicios de la Universidad Alberto Hurtado, se organizaron cerca de 150 diálogos en todas las regiones con participación de organizaciones deportivas, dirigentes, deportistas, federaciones del Comité Olímpico y Paralímpico, funcionarios del Mindep e IND y, según precisan quienes estuvieron cerca de ese trabajo, se redactó un texto que se despachó en el último trimestre del 2025 a la Contraloría General para contar con su opinión administrativo-procedimental.
El hecho es que estando a días de entregar Boric el mando del país al electo presidente José Antonio Kast, se sabe extraoficialmente que la Contraloría General de la República habría dado el pase para publicarla y empezarla a implementar. Lo concreto, cierto y objetivo es que poco o nada se sabe hoy de la Política Deportiva de Chile para el período 2026-2037.
El tema es una incógnita. Junto con no conocerse aún el texto final, tampoco se sabe cuáles serán sus prioridades, la metodología de trabajo para aplicarla y si se entregará con su respectivo plan estratégico o se dejará que éste sea elaborado por la administración del futuro presidente Kast.
La lógica política chilena y las experiencias previas en la materia auguran un sinfín de dudas.
Si fuese factible una recomendación al nuevo gobierno, conozcan la Política que se supone se entregará, analícenla, modifíquenla si es pertinente, inserten en ella los temas deportivos del gobierno entrante, pero no la dejen guardada en cajones. En juego está la salud general de la población chilena y, de pasada, porque también contiene materias del alto rendimiento, los y las deportistas seleccionados chilenos, como las medallas del país en los diferentes juegos y competencias deportivas nacionales e internacionales.
Incongruencia presupuestaria
Si una de las conclusiones de esta propuesta de Política Nacional del Deporte 2026-2037 fuese el priorizar el deporte social, barrial o comunitario, como lo hizo la Política Nacional 2016-2025, se produciría una incongruencia presupuestaria para el año 2026, incongruencia ya existente en la última década.
Del ciento por ciento del presupuesto 2026 del Ministerio del Deporte y del Instituto Nacional de Deportes, que en total será cercano a los 178 mil millones de pesos (cerca de 200 millones de dólares), el 42,2% se enfocará al deporte competitivo y para el alto rendimiento; mientras sólo un 8,96% se dedicará al deporte social y comunitario; en paralelo, el 10,71% irá a infraestructura deportiva; un 16,31% a la gestión y administración de los recintos deportivos que posee el IND a lo largo de Chile, incluyendo el Parque Estadio Nacional, y un 21,55% será para financiar los sueldos de los funcionarios públicos de estas dos instituciones del deporte en todo Chile.
Desde una perspectiva más aguda, si ese presupuesto de 178 mil millones de pesos se divide en 20 millones de personas, como lo pretende el gobierno de Kast, a cada uno de los chilenas y chilenos le corresponderá un total de 8.900 pesos anuales. Cifra lacerante y patética.
¿Podrá la futura ministra poner a 20 millones de chilenos en movimiento con este presupuesto y su distribución?
Como una de las conclusiones a sacar, el manejo de esta materia clave ha sido insatisfactorio en general y, en particular, también va esa crítica al gobierno del Presidente Boric. Él y sus autoridades deportivas han insistido en un tema que no deja de ser atractivo, como el ser sede de grandes eventos deportivos, pero hay que ser equilibrados. Frente a los eventos propuestos, los programas sociales del IND no incluyen a más de cien mil personas beneficiadas al año.
Por más marketing que le pongan a los eventos deportivos, organizarlos no es la llave maestra para bajar los altos y graves índices de sedentarismo y obesidad, como tampoco es la llave para modernizar las federaciones deportivas ni para mejorar el rendimiento país en los Juegos Sudamericanos, Juegos Panamericanos o Juegos Olímpicos.
No sigamos dando bote
Hay que insistir en lo esencial: sin la aplicación seria y constante de una Política Nacional del Deporte para Chile, nuestra institucionalidad deportiva seguirá dando bote y giros sin sentido y sin propósitos y puertos hacia donde llegar.
Chile tiene positivos ejemplos al respecto. En los ’70, el doctor y pediatra Fernando Monckeberg, apoyado por el Estado, creó el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA). A partir de ello, hubo una política transversal contra la desnutrición infantil. Los resultados fueron objetivos, alentadores y reconocidos mundialmente. El 70% de los niños y niñas en Chile eran desnutridos. La política para combatirla produjo que de 200 desnutridos por mil se bajara a sólo siete por mil en pocos años. En 2023, en la Cumbre Mundial contra el Hambre y la Malnutrición realizado en Chile, las Naciones Unidas reconoció a este médico nacional por su trabajo en pos de los niños a nivel nacional y planetario.
Por tanto, es altamente relevante que en Chile exista una Política Nacional de Actividad Física y Deporte. Hasta hoy, ha habido intentos en la materia, pero los resultados han sido pobres para no decir nulos. Por tanto, el Estado y el gobierno entrante de José Antonio Kast tienen la palabra.
