Caso jueza Vivanco: conservador acusa presión para encubrir pagos
Yamil Najle afirmó ante la Fiscalía que se sintió “forzado” a firmar un contrato que habría servido para justificar transferencias millonarias ligadas a la ex ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco y su pareja, Gonzalo Migueles.
Najle aduce que fue forzado a firmar un contrato destinado a encubrir sobornos / Foto: ARCHIVO
El denominado caso “Muñeca Bielorrusa” sigue ampliando su alcance y sumando testimonios clave para el Ministerio Público. Uno de los más relevantes es el del conservador de Bienes Raíces de Chillán, Yamil Najle, quien aseguró haber actuado bajo presión al suscribir un contrato que hoy es investigado como un eventual mecanismo para encubrir sobornos.
Según su declaración, Najle entregó a la Fiscalía un documento que habría sido utilizado para justificar el traspaso de 25 millones de pesos a Gonzalo Migueles. Para los persecutores, ese contrato sería una pieza central en la eventual simulación de pagos ilícitos asociados a la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.
De acuerdo con el propio conservador, el texto no solo era conocido por los involucrados, sino que habría sido elaborado directamente por Vivanco.
“De hecho, Ángela se lo redactó y lo envió, así que ambos tenían pleno conocimiento de lo que se estaba haciendo”, declaró.
La presión y el rol de la Corte Suprema
Consultado por las razones que lo llevaron a aceptar la firma, Najle describió un contexto de influencia institucional.
“Aquí hay una cierta presión social jurídica… ella era miembro de la Corte Suprema. Claro que me sentí… no quiero decir forzado, pero bueno, sí, forzado también”, afirmó.
Ante la insistencia del fiscal para precisar responsabilidades, fue categórico: “Los dos, fiscal, los dos”, en alusión directa a Vivanco y Migueles.
Fallos, pagos y nuevas aristas
La investigación apunta a que la ex jueza habría favorecido al consorcio Belaz Movitec SpA en un litigio contra Codelco, pese a que la estatal había ganado en instancias previas. El giro ocurrió en la Tercera Sala de la Corte Suprema, lo que derivó en el pago cercano a 17 mil millones de pesos por parte de la cuprífera.
Según la Fiscalía, los beneficios judiciales estarían vinculados a pagos que alcanzarían los 70 millones de pesos. En paralelo, el Consejo de Defensa del Estado amplió su querella incorporando antecedentes sobre vuelos realizados en 2019, donde Vivanco y Migueles coincidieron con un alto directivo de la empresa involucrada, reforzando la hipótesis de una red de corrupción judicial.
