Columna de Domingo Zamora: La desaparición forzada en Chile

El discurso de la ultraderecha lleva implícito el negacionismo, incluso, algunos, de sus candidatos hablan sin pudor no sólo de un nuevo golpe de Estado, sino de «repetirlo, si fuese necesario…». Frente a estos mensajes no está mal recordar la legitimidad de la Comisión Valech y del Informe Rettig, y del decreto ley del actual gobierno que apunta a la búsqueda de los detenidos (as) desaparecidos (as).

El 6 de septiembre de 2023, por parte del actual Presidente de la República Gabriel Boric, a través del Decreto N° 98, se aprueba el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, respecto de las personas que fueron víctimas de desaparición forzada, ocurridas en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

Un plan colectivo

En la elaboración de este plan, el cual contempla detallados pasos, tiempo y recursos para su ejecución, participaron familiares de las víctimas, representantes de la academia y de sitios de memoria, así como variadas organizaciones de la sociedad civil.

El Plan contempla, entre otras acciones, la realización de “rutas de la desaparición de las víctimas”, para lo cual se contempla la colaboración de investigaciones judiciales y el respaldo del propio Poder Judicial como tal.

Así también se intensifican los trabajos en terreno que se encontraban pendientes (en la mayoría de los casos por razones de presupuesto y falta de tecnología apropiada), en lugares donde se requiera y sea necesario.

El número de víctimas que contempla este Plan es cercano a las 1.469 personas, (no existiendo certeza absoluta, respecto a su número total). El 52.76% de ellas se registró en la Región Metropolitana; 10.14% en el Biobío; 7.76% en La Araucanía, así como fuera de Chile –en especial Argentina– un 3.06%.

Quiénes están a cargo

En cuanto a la estructura organizacional del Plan, éste se encuentra a cargo de un Comité Interministerial de Derechos Humanos, el cual debe informar periódicamente sobre el desarrollo y avances en la implementación del Plan.

El órgano ejecutor del Plan, a cargo de su implementación, es el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El Plan contempla asímismo, un Comité de Seguimiento y Participación, el cual está compuesto por nueve integrantes: tres designados por las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos o de familiares de ejecutados políticos, uno por los sitios de memoria, dos del mundo académico o investigadores, nombrados por el Presidente de la República a propuesta del consejo de rectores de las universidades chilenas, más uno designado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Qué se busca con el Plan

El objetivo general y central del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, se centra así en “esclarecer las circunstancias de desaparición, muerte y destino final de las personas víctimas de desaparición forzada”.

A partir de esta definición, los objetivos específicos del Plan Nacional se concentran en:

-Esclarecer las circunstancias de desaparición o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada y su paradero.

-Garantizar el acceso a la información y participación de las y los familiares y la sociedad, en los procesos de búsqueda de víctimas de desaparición forzada.

-Implementar medidas de reparación y garantías de no repetición de la comisión del crimen de desaparición forzada.

Ojalá que este plan se cumpla y nuestro país quede a la altura de un desafío inconcluso, que -lamentablemente- otros gobiernos han desechado…

DOMINGO ZAMORA

Licenciado en Ciencias Jurídicas en la Universidad de Chile y magíster en Sociología y Derecho en la Universidad de Münster, Alemania.