Columna de José Miguel Ortiz: A pocos pasos de un “que se vayan todos” a la chilena

Partamos por lo positivo: parafraseando al ex Presidente Lagos, las instituciones (parece) que están funcionando.

Y, quizá lo más relevante, la constreñida prensa chilena ha cumplido una función relevante, dar a conocer los casos de corrupción. Tener claridad en cuanto a relevar y difundir aspectos de la vida privada que tienen consecuencias en la esfera pública. Esa distinción y fineza está en la formación esencial de cualquier periodista. El periodismo de investigación chileno ha estado a la altura de las circunstancias. Ha cumplido, otra vez, un deber patriótico.

El caso ProCultura

Veamos el caso de Pro Cultura. El revés judicial que sufrió el fiscal Cooper en cuanto a la orden judicial de eliminar las escuchas telefónicas a Josefina Huneeus (ex esposa de Alberto Larraín), una de ellas con el Presidente Boric, tienen un efecto para ese caso específico, en cuanto a medio de prueba en un juicio.

Pero no es ilegal como antecedente informativo en el debate público. Al contrario es fundamental en cuanto a la transparencia en el actuar de quienes están investidos de líderes y referentes políticos. Comenzando con el propio Presidente de la República.

El buen periodismo debe, al menos, incomodar al poder. Pero esa característica es por un bien mayor; la libertad de prensa, expresión y opinión, sin censura previa, fortalecen el sistema democrático y es parte sustancial del Estado de Derecho.

La denuncia de Democracia Viva

Lo que hemos visto estos últimos años en Chile, se destapa gracias a una investigación periodística de un medio digital de Antofagasta: Timeline.cl A partir de ese trabajo se conoce el caso Democracia Viva, a raíz de lo cual hoy están privados de libertad una diputada en ejercicio y dos ex autoridades antofagastinas. Después de eso viene el Caso Lencería (Camila Polizzi), a raíz de una auto denuncia de uno de los participantes en dicho convenio en la Región del Biobío.

De ahí, los casos se multiplicaron por todo Chile; principalmente en los gobiernos regionales, pero también en otras reparticiones públicas.

Pro Cultura estalló en la esfera pública, cuando el 22 de junio de 2023 Radio Bio Bío publicó que la ONG se había adjudicado $500 millones provenientes de la Secretaría Regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, información dada a conocer una semana después de que el medio Timeline revelara que esa seremia había traspasado $426 millones a Democracia Viva, fundación presidida por el militante del Frente Amplio Daniel Andrade, entonces pareja de la diputada Catalina Pérez.

Porque así fue. El caso Pro Cultura partió casi al mismo tiempo que Democracia Viva. Pero por el entusiasmo con que los medios y representantes políticos lo promocionan por estos días, parece que fuera una historia reciente.

Pocos después de la primera publicación sobre Pro Cultura, específicamente el 30 de junio, ya se conocía públicamente que Pro Cultura era la arista más cuantiosa del Caso Convenios, superando los 2.300 millones.

Más antecedentes

Con el tiempo los montos aumentaron. Aparecieron también $23 millones transferidos por el gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies (independiente cercano al Partido Radical); $268 millones dados por el gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo (Partido Socialista); $25 millones de su colega de Valparaíso, Rodrigo Mundaca (independiente cercano al Frente Amplio); $2.553 millones aprobados por el ex gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz (independiente cercano a Evópoli), y $1.680 millones transferidos por el gobernador de la Metropolitana, Claudio Orrego (Independiente, ex Democracia Cristiana).

En agosto de 2023 ya eran conocidos públicamente todos estos convenios, pero en aquel entonces la atención mediática y política a nivel nacional estaba centrada en Camila Polizzi, modelo, influencer y ex candidata a alcaldesa de Concepción que dirigía un proyecto de $230 millones de la Fundación En Ti, el cual fue financiado por el ex gobernador del Biobío y que se hizo muy popular por involucrar $57 mil pesos gastados en la tienda Intime, en compra de lencería fina.

Pero, ¿qué es lo más grave de todos estos escándalos?. Sin duda, el hecho que las platas públicas destinadas a mejorar la calidad de vida de los más pobres, termine en los bolsillos de unos pocos desfachatados que hicieron la parodia de la acción solidaria con los más desposeídos del país.

La historia está lejos de terminar de escribirse. Entre medio, la pregunta parece obvia: ¿cuándo se acaba la paciencia de los chilenos?, ¿tendremos un “que se vayan todos”? al estilo de la explosión social argentina de 2001. Sólo el tiempo lo dirá.