Gobierno usa nueva Ley Antiterrorista por ataque en Biobío
El Ejecutivo presentó la primera querella bajo la Ley 21.732, tras el atentado incendiario ocurrido en la central Rucalhue, en Santa Bárbara.
El estado en que quedaron los vehículos incendiados. Foto: ARCHIVO
El Ministerio de Seguridad Pública interpuso una querella criminal por el ataque ocurrido el pasado 20 de abril en la central hidroeléctrica Rucalhue. El atentado fue perpetrado por unos 12 sujetos armados y encapuchados en el recinto en construcción en la comuna de Santa Bárbara, región del Biobío.
Los agresores redujeron a los guardias con amenazas y golpes, y luego con combustible incendiaron maquinaria pesada, camiones tolva y vehículos. Uno de los trabajadores resultó con lesiones graves, mientras que las llamas amenazaron con propagarse a viviendas cercanas.
Es la primera acción judicial que se sustenta en la Ley Antiterrorista 21.732, promulgada en 2024 para modernizar la persecución de este tipo de delitos.
Desestabilización del orden democrático
Abogados del Ministerio, en representación del titular de la cartera, Luis Cordero, presentaron la querella ante el Juzgado de Garantía de Santa Bárbara. El escrito invoca delitos de asociación terrorista, incendio, porte ilegal de armas, posesión de armamento prohibido y disparos injustificados.
En el lugar del ataque se encontraron lienzos atribuidos a la agrupación radical Weichán Auka Mapu. Esto podría vincular el hecho a una serie de atentados similares ocurridos en la macrozona sur.
El gobierno sostiene que el acto se realizó con el objetivo de generar temor, interrumpir el desarrollo económico y socavar la institucionalidad democrática.
¿Qué establece la nueva Ley Antiterrorista?
La Ley 21.732 redefine el delito terrorista para facilitar su aplicación judicial. Incorpora sanciones no sólo por hechos consumados, sino también por participación en organizaciones con fines terroristas, aunque no hayan concretado el ataque.
Entre sus principales elementos se incluyen:
- Asociación terrorista: sanciona pertenecer a grupos con fines terroristas, con penas de hasta 15 años de cárcel.
- Terrorismo individual: castiga también a los denominados “lobos solitarios”.
- Favorecimiento y apoyo: penaliza a quienes ayuden o financien a estas agrupaciones.
- Nuevas herramientas investigativas: se autorizan técnicas especiales de seguimiento y vigilancia.
- Protección reforzada: contempla medidas especiales para jueces, fiscales y testigos.
El uso de la ley representa un cambio en la estrategia del Ejecutivo frente a los ataques en zonas bajo estado de excepción. La central Rucalhue se encuentra en una zona de alta tensión desde hace más de dos años, con repetidos ataques a faenas y vehículos.
Esta primera querella bajo la nueva normativa no sólo busca sancionar a los autores materiales, sino también establecer un precedente.
