Ley de plásticos entra en nueva etapa y abre polémica
Gremios del comercio advierten vacíos en el reglamento y temen criterios dispares en la fiscalización.
El reglamento provocó críticas en la Cámara de Comercio / Foto: ARCHIVO
La Ley de Plásticos de un Solo Uso (PUSU) inició este viernes una nueva fase de aplicación, profundizando las restricciones a la entrega de artículos desechables y al uso de envases plásticos.
Sin embargo, el avance de la normativa vino acompañado de fuertes reparos desde el comercio y la gastronomía, que acusan falta de definiciones claras y riesgos de interpretaciones arbitrarias.
El reglamento establece que artículos como bombillas, vasos, cubiertos o palillos sólo podrán ser entregados si están fabricados con materiales biodegradables certificados.
Al interior de los locales, estos productos podrán facilitarse únicamente cuando el cliente los solicite expresamente, mientras que para consumo fuera del establecimiento se autoriza el uso de plásticos desechables no certificados.
Uno de los puntos más debatidos es la exigencia a los supermercados de exhibir al menos un 30% de las bebidas en botellas retornables en vitrinas, obligación que ha generado dudas operativas y legales.
Críticas por definiciones ambiguas
Desde la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) alertaron que el reglamento carece de precisión en conceptos clave. A su juicio, la ausencia de una definición clara de “vitrina” y otros parámetros “abre la posibilidad de fiscalizaciones arbitrarias y puede afectar el normal funcionamiento del comercio”.
Aunque el ministro subrogante del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, sostuvo que la ley 21.386 y su reglamento —publicado el 7 de enero— entregan lineamientos suficientes, los gremios insisten en que persisten zonas grises relevantes.
Gastronomía apunta a tardanza y efectos no deseados
La Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga) también expresó inquietud por la implementación. Su presidente, Máximo Picallo, criticó el retraso en la publicación del reglamento y la ambigüedad de varias disposiciones.
“En el espíritu original de la ley, el reglamento iba a estar disponible dos años antes de entrar en vigencia la ley. Bueno, eso obviamente no ocurrió y el reglamento tiene bastantes situaciones que quedaron ambiguas o no muy claras y, por lo tanto, genera incertidumbre”, señaló.
Además, cuestionó que algunas exigencias podrían tener impactos ambientales contraproducentes. “Nos obligaba a reemplazarlos por elementos reutilizables con un gasto de agua y energía muy potente”, sostuvo.
Solicitud a Contraloría
Ante este escenario, la CCS solicitó a la Contraloría General de la República un pronunciamiento que permita unificar criterios y otorgar certeza jurídica a los actores regulados.
Desde el sector advierten que, si bien la Ley PUSU contempla una implementación gradual desde su aprobación en 2021, la falta de claridad reglamentaria sigue siendo uno de los principales desafíos para su aplicación efectiva y equitativa.
