Tarapacá: gobierno regional deberá devolver más de $300 millones
Un informe de Contraloría reveló graves falencias en el uso de recursos públicos transferidos a organizaciones privadas, con rendiciones incompletas, falta de fiscalización y eventuales conflictos de interés. El monto observado supera los $300 millones.
El gobierno regional de Tarapacá en la mira de la Contraloría / Foto: ARCHIVO
La Contraloría Regional de Tarapacá encendió las alertas sobre la gestión de recursos del gobierno regional, luego de detectar múltiples irregularidades en transferencias efectuadas a organizaciones de la sociedad civil.
La revisión abarcó 66 iniciativas financiadas con fondos públicos y derivó en la exigencia de restitución de dineros y la adopción de medidas correctivas.
De acuerdo con el informe N°510 de 2025, el órgano fiscalizador estableció que $58.362.020 fueron rendidos sin la documentación mínima exigida para acreditar la correcta ejecución de los proyectos. Ante la ausencia de respaldos —como actas, nóminas o registros—, se instruyó al GORE gestionar la devolución de los recursos en un plazo de 60 días hábiles.
Supervisión deficiente
La auditoría también evidenció deficiencias en la supervisión. En casi la mitad de las iniciativas revisadas no existían actas que confirmaran la realización de las actividades comprometidas, incumpliendo los estándares de fiscalización exigidos a la autoridad regional.
La Contraloría ordenó la elaboración de un plan formal de control para corregir estas falencias.
Entre los casos observados figura el proyecto “Alfabetización digital y uso de comisaría virtual”, donde no se acreditó la entrega de 14 notebooks, pese a que los recursos habían sido previamente aprobados.
Aunque el monto fue reintegrado, el informe cuestiona la falta de explicaciones sobre el destino de los equipos.
Conflictos de interés
El documento advierte además posibles conflictos de interés por coincidencias entre directivos de organizaciones beneficiarias y proveedores, junto con observaciones en facturas y documentación que podrían derivar en acciones legales.
Frente a este escenario, la Contraloría instruyó nuevas revisiones y no descartó eventuales acciones judiciales para resguardar el correcto uso de los recursos públicos.
